Sábado 20.04.2024 | Whatsapp: (221) 5710138
17 de marzo de 2017 | Judiciales

Entrevista REALPOLITIK

Luis Árias, sobre el pedido de jury: “El gobierno intenta demonizar, ponerle un rostro al enemigo”

El juez en lo Contencioso y Administrativo Nº 1 de La Plata dialogó con REALPOLITIK en el marco de una conferencia de prensa por el pedido de juicio político que inició el bloque de Cambiemos, de la mano del diputado provincial Guillermo Castello. Además, Luis Federico Árias se refirió al conflicto docente.

facebook sharing buttonCompartir
twitter sharing button Twittear
whatsapp sharing buttonCompartir
telegram sharing buttonCompartir
print sharing buttonImpresión
gmail sharing buttonCorreo electrónico
por:
Mariana Sidoti

El juez en lo Contencioso y Administrativo Nº 1 de La Plata dialogó con REALPOLITIK en el marco de una conferencia de prensa por el pedido de juicio político que inició el bloque de Cambiemos, de la mano del diputado provincial Guillermo Castello. Además, Luis Federico Árias se refirió al conflicto docente: “Cuando es el propio gobierno el que está en conflicto, no puede obligar a la otra parte a negociar en beneficio propio”, aseveró.

A continuación, la entrevista completa.

RP.- El bloque Cambiemos realizó un pedido de jury…

Creo que lo que está ocurriendo es una situación institucional muy delicada, porque el bloque de Cambiemos ha presentado un pedido de jury sobre mi persona; no por mi actividad judicial o mis decisiones, no para juzgar el desempeño de mi función sino simple y llanamente por mi forma de pensar y ver el mundo. Por mi ideología. 

Realmente creo que esto es lo verdaderamente grave. Muchos medios a veces no alcanzan a advertir la gravedad de esta situación, de estar presionando y persiguiendo a los jueces por su ideología. No es el primer caso, no me ha ocurrido a mí solamente, sino también a otros colegas, por fallar en contra de las decisiones del gobierno. 

Jueces de la cámara Laboral, el juez (Daniel) Rafecas, el juez (Carlos) Rozansky -que finalmente renunció a su cargo-, la procuradora (María del Carmen) Gils Carbó, que si bien no es jueza es magistrada y se la persigue por su ideología, por su forma de pensar, y no por el ejercicio de sus funciones.

Creo que esto es verdaderamente grave y está enmarcado dentro de acciones que son no solamente autoritarias y no solamente violan los principios republicanos de división de poderes, sino también diversas normas y estándares internacionales. Creo que si esto recrudece va a comprometer la responsabilidad internacional del Estado, por esta presión indebida que estamos sufriendo muchos por nuestra ideología.

RP.- ¿Se trata de una persecución política?

Por supuesto, no hay dudas. Acá no están en cuestión mis fallos, mi actividad judicial. No se denuncia ninguna irregularidad en el ejercicio de mis funciones; simplemente lo que se denuncia es que tengo una forma crítica de ver la realidad. 

La imparcialidad no tiene nada que ver con la ideología, todos somos portadores de ideología y todos tenemos una forma de ver el mundo. La neutralidad valorativa no existe, todos valoramos los hechos a través de los anteojos que nos ponemos. Todos somos portadores de una ideología, algunos son conscientes de eso y otros no, pero creo que no se le puede impedir a las personas pensar.

No se le puede pedir a las personas que no piensen, ¿o queremos un poder judicial con magistrados lobotomizados, que no tengan razón ni sentimientos ni pensamiento, que sean autómatas del derecho? Eso no existe. 

RP.- ¿Cree que es específicamente contra usted?

Creo que no es una cuestión personal, de animosidad; es una cuestión institucional grave de estar persiguiendo a miembros de otro poder, tomando injerencia sobre otro poder, para condicionarlos en sus posiciones y decisiones. 

RP.- ¿Qué va a pasar con el conflicto docente?

Nosotros en primer lugar tenemos que ponernos de acuerdo para decidir si existe el derecho a huelga. El derecho a huelga está consagrado en la constitución nacional, provincial y en los tratados internacionales. Si es un derecho, no tiene por qué estar sujeto a consecuencia alguna. 

La huelga, mientras no sea declarada como ilegal, no tiene que tener consecuencias como los descuentos salariales o quita de personería gremial. Esto es lo que no se alcanza a advertir del todo, porque siempre existen este tipo de presiones y consecuencias hacia los gremios.

El gobierno dice "si no trabajan no cobran", pero en eso consiste el derecho. Cuando uno se toma licencias ordinarias por vacaciones, o extraordinarias por una enfermedad, no va a trabajar y sin embargo sigue cobrando. Con el derecho a huelga, si es verdaderamente un derecho, debería pasar exactamente lo mismo.

RP.- Hace pocos días la gobernadora exhortó a Roberto Baradel para que se manifieste kirchnerista. ¿Cree que la acusación en su contra tiene el mismo tono?

Creo que sí, que está enmarcado en la misma situación. Algunos medios, como Clarín, me han involucrado en una suerte de maniobra conspirativa contra el gobierno. Creo que lo que intenta hacer el gobierno es demonizar, ponerle un rostro al enemigo. 

El gobierno no puede salir a decir "los maestros son tal y cual cosa", entonces eligen un personaje que personifica al enemigo. A veces le toca a (Roberto) Baradel, otras me toca a mí, y a otros actores que consideran adversos a las posiciones del gobierno.

RP.- ¿Cuáles son los pasos a seguir después del pedido de jury?

Yo no quiero escalar en el conflicto, no quiero convertir esto en una cuestión personal. Me mantengo dentro de los cauces institucionales y quiero llevarlo por ese andarivel. No voy a responder agresiones, insultos, agravios. Ni voy a hacer esto que hace el gobierno, de ponerle un nombre y demonizar a quienes lo critican.

Voy a predicar con el ejemplo, de un modo contrario a como lo hace el gobierno. No voy a demonizar a nadie. Comprendo la situación del gobierno pero esto es una cuestión estrictamente institucional de ataque y agravio hacia otro poder del Estado. 

Creo que este pedido no tiene ningún andamiaje. Pero frente a este tipo de situaciones, la cúspide del poder judicial -tanto la Corte de la provincia de Buenos Aires como la Corte de la Nación- debería tomar alguna decisión al respecto para evitar que estas cosas sigan sucediendo en relación a otros magistrados, como viene pasando. 

RP.- ¿Considera este pedido de jury como una amenaza o un llamado de atención?

Como un disciplinamiento hacia aquellos que pensamos diferente, que pretendemos aplicar las leyes y la constitución de acuerdo a nuestra conciencia, y no a los designios del poder político. Yo no soy una persona distinta cuando juzgo que cuando soy ciudadano. Eso es imposible, sería una patología psicológica actuar distinto en mi función que en la vida ciudadana.

Yo soy una persona como cualquier otra, siempre me he manejado con una coherencia absoluta en mis decisiones. No van a encontrar que haya fallado de un modo con un gobierno y después lo contrario con otro gobierno. Siempre dije lo mismo; lo que pienso, lo que digo y lo que escribo está todo en una misma dirección. Y creo que ese es el capital por el cual mucha gente se ha acercado a brindarme apoyo en esta ocasión. 

RP.- ¿Cree que, como dijo Hebe de Bonafini, el gobierno nacional lo está espiando?

Estoy en la lista de los espiados de Hebe de Bonafini. Es algo que tiene que controlar la justicia. Pero uno se da cuenta, a través del funcionamiento de los teléfonos y las computadoras, de todos los inconvenientes que tengo, que alguna situación irregular hay. 

RP.- El gobierno asegura que la conciliación obligatoria es legal. ¿Qué opina?

Hay una situación que es clara. El artículo 39 inciso 4 de la constitución de la provincia somete todos los conflictos entre los trabajadores estatales y el gobierno a la decisión de un tribunal independiente e imparcial, que nunca se creó. 

Hace 22 años se reformó la constitución y ese tribunal nunca se creó, de modo que todas las decisiones unilaterales que adopte el gobierno son ilegales. No pueden tomarlas y mucho menos en represalia a su contraparte. 

La conciliación obligatoria el gobierno la puede decidir respecto de una fábrica, un problema con trabajadores privados, porque el gobierno es un tercero imparcial. Pero cuando es el propio gobierno el que está en conflicto, no puede obligar a la otra parte a negociar en beneficio propio. (www.REALPOLITIK.com.ar) 


¿Qué te parece esta nota?

COMENTÁ / VER COMENTARIOS

¡Escuchá Radio Realpolitik FM en vivo!