La Plata: Arrancó el segundo juicio a civiles de la CNU por delitos de lesa humanidad

Se trata de Carlos Ernesto "el Indio" Castillo y Juan José "Pipi" Pomares, dos integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), organización paramilitar de ultraderecha que funcionó como fuerza de choque desde 1971 y continuó funcionando durante la última dictadura cívico militar.

Al día de la fecha la CNU carga con más de cincuenta víctimas en su haber: trabajadores, delegados gremiales y militantes peronistas de izquierda fueron el blanco de los crímenes, hoy reconocidos como de lesa humanidad. 

Sin embargo en este juicio, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1, sólo se juzgarán tres hechos ocurridos entre febrero y abril de 1976 que dejaron un saldo de siete víctimas. 

En ese sentido, la abogada y referente de Justicia Ya! y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) María Luz Santos Morón advirtió a REALPOLITIK que "es un caso completamente fragmentado y reducido, si tenemos en cuenta la magnitud del accionar con la que actuó la CNU en la ciudad de La Plata".

"Exigimos que se juzgue a Pomares y Castillo, pero también a todos los responsables; tanto desde las fuerzas represivas del Estado como también a funcionarios públicos que formaron parte del gobierno en aquel momento. Esta banda paraestatal funcionaba con total aquiescencia y aval de la burocracia sindical y el propio gobierno de Isabel Martínez de Perón", aclaró la abogada.

Es el segundo caso donde se juzga a integrantes de la CNU. En diciembre del año pasado, diez civiles y un  militar integrantes de esa organización fueron juzgados en Mar del Plata y la Justicia sentenció a siete con prisión perpetua. 

Para Santos Morón, "es fundamental que estos casos lleguen a juicio como lo que son: de lesa humanidad, parte del terrorismo de Estado e imprescriptibles. No es posible que se les conceda ningún tipo de amnistía ni de indulto, por ende no corresponde aplicar ningún tipo de beneficio como pretendió la Corte con el aval del gobierno nacional".

Las audiencias, que comenzaron hoy por la mañana, se extenderán por un mes todos los lunes y miércoles. Desde la querella sostienen que el juicio "no muestra la magnitud de los hechos; en realidad, esa es una forma de perpetuar la impunidad". "Son muchísimas las víctimas que hoy no son caso en este juicio y todavía siguen esperando justicia", aclaró Santos Morón. 

EN EL BANQUILLO

Castillo y Pomares llegan a juicio con prisión preventiva, luego de haber realizado reiterados pedidos de prisión domiciliaria. Ambos fueron procesados en 2011 y tres años más tarde la causa se elevó a juicio. 

Castillo está imputado por secuestros, homicidio, violación de domicilio y robo en los tres casos juzgados; Pomares por secuestro y homicidio en uno de los hechos. En 2012, la sala 1 de la Cámara Federal de Apelaciones platense resolvió que los todos los testigos tuvieran identidad reservada, ante las graves amenazas que sufrió uno de ellos. 

Castillo acumuló varias entradas a prisión en la década de 1980 por delitos de robo y tenencia de armas, estuvo vinculado a los carapintadas y trabajó para el partido político de Aldo Rico. 

El caso de Pomares es aún peor, porque siguió moviéndose en democracia: fue asesor del bloque bonaerense de senadores del Frente para la Victoria (FpV), se vinculó con varios dirigentes peronistas de La Plata y tuvo cargos en la municipalidad durante las gestiones de Julio Alak  y Pablo Bruera. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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