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Opinión | Columna REALPOLITIK

El recorte del gobierno llegó también a las pensiones por discapacidad

REALPOLITIK | 15 de junio de 2017
Por: Jorge Sarno

El ministerio de Desarrollo Social de la Nación dio de baja las pensiones no contributivas por invalidez y a aquellas personas que tienen un 76 por ciento de incapacidad. Tras el recorte, el gobierno nacional se excusa invocando el decreto 432 del año 1997. Sin embargo, la medida es violatoria de todos los tratados internacionales y leyes nacionales, ya que no corresponde que se aplique dicha normativa a las personas con discapacidad, debido a que están amparadas bajo una reglamentación más amplia y de carácter constitucional (desde el año 2014), que es la convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La convención establece que las personas con discapacidad son sujetos de derecho y no de asistencialismo (vinculado a la pobreza y a la indigencia). Por lo tanto, no pueden tomarse criterios como el ingreso mensual o si posee un auto. Sostenemos que el decreto 432/97, es contrario a nuestra legislación y debe ser revertido inmediatamente derogando el mismo.

En este sentido, y a partir de la medida tomada por el gobierno nacional, creo que es necesario que nos llamemos a la reflexión y análisis respecto de los derechos de una parte de la sociedad sumamente vulnerable, la cual nos exige por una cuestión moral, de principios y humanitaria, proclamarnos en su defensa para resguardar los beneficios y derechos que han alcanzado a lo largo del tiempo. 

Por otra parte, creemos necesario que se dé cumplimiento al artículo 1 de la ley 13.508 de la provincia de Buenos Aires (modificatoria del artículo 8 de la ley 10.592), por el cual se exige, entre otras cuestiones, que una proporción no inferior al cuatro por ciento de la totalidad del personal del estado provincial, organismos descentralizados, empresas del estado, municipalidades, personas jurídicas de derecho público no estatal creadas por Ley, empresas subsidiadas por el estado y las privadas concesionarias de servicios públicos, estén obligados a ser ocupados por personas discapacitadas que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo.

Hoy en día esto no solo no se cumple, sino que en cada repartición hay cientos de expedientes dormidos de personas que reclaman por sus derechos, y familias esperando que se cumpla con lo que la ley contempla, lo que mejoraría sumamente la calidad de vida de quienes padecen alguna discapacidad. 

(*) Jorge Sarno es secretario Adjunto de UPCN y director Gremial del IPS.

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