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Opinión | Correo de lector

Descargo público, contra el vaciamiento de la dirección provincial de Salud Penitenciaria

REALPOLITIK | 8 de julio de 2017
Por: NN

Soy empleado del ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, trabajo en la dirección provincial de Salud Penitenciaria (DPSP) ejerciendo profesionalmente funciones según me habilita mi título universitario.

La semana pasada he recibido una cédula de citación, para declararme como sumariado por un hecho caratulado “Infracción a los artículos 91 inciso 10° y 28°, 92 inciso 8° y 19° y 93 inciso 9° del decreto ley 9578/80”, el cual es el corolario de las injustas torturas físicas y psicológicas que venimos padeciendo todo el personal de la repartición a la cual pertenezco.

¿Por qué digo físicas? Porque aunque la ley 14806 en su artículo 2, incisos b y c diga que el ministerio de Seguridad (actual interventor de esta dirección) debe “adoptar en forma inmediata todas las medidas que resulten necesarias” para “optimizar los recursos humanos, tecnológico y materiales” y “garantizar derechos, condiciones, elementos de trabajo y hábitat laboral”; nosotros mismos debemos llevar nuestras propias computadoras, hojas, tinta, lapiceras, fax, rollos de fax, y algunos insumos e instrumentales faltantes, para poder desarrollar nuestra actividad profesional, como así también alimentos, artículos de limpieza e higiene personal (incluidos insecticidas y veneno de ratas), colchones, lamparitas, mobiliarios, etcétera, para poder desarrollar en forma casi humana nuestra guardia de 25 horas.

¿Por qué digo psicológicas? Porque aunque trabajemos en condiciones infrahumanas,  somos un salvavidas que tiene que estar atento permanentemente para cubrir todos los faltantes descriptos anteriormente, sin lo cual sería imposible desarrollar nuestra profesión, y venimos siendo perseguidos sistemáticamente por la actual intervención, para ver en qué momento nos equivocamos y así  poder sancionarnos.

Se nos acusa en términos generales de ausencia o impuntualidad en la presentación al servicio, hecho que difícilmente pueda ser corroborado o avalado por personal del Servicio Penitenciario, a no ser que incurra en la falsificación de documento público. ¿Por qué digo que no puede ser corroborado? Porque a la entrada y salida del penal nadie nos pide ningún tipo de identificación, ni nos registra a través de algún sistema legalmente aprobado; es más, entramos y salimos por las mismas puertas (en muchos casos carentes de personal y de candados) por las cuales muchos presos se han escapado caminando...

Se nos acusa de incumplimiento de los deberes propios del cargo, cuando en realidad no sólo cumplimos con nuestros deberes sino que además nos hacemos cargo de los faltantes que por ley debería proveer la institución, caso contrario, gran parte de la población carcelaria ya no estaría con vida.

Se nos acusa de actos que afectan gravemente la disciplina, el prestigio o la dignidad de funcionario, cuando la mayoría de los acusados jamás hemos recibido un apercibimiento por parte de algún superior y hemos ascendido jerárquicamente en tiempo y forma con excelentes calificaciones.

Todo lo expuesto me hace pensar que quien instruye estas acusaciones y falacias, es decir el doctor Javier Zoulemian (director provincial de Salud Penitenciaria), de profesión abogado, no sólo desconoce lo que es administrar un sistema de salud, sino que desconoce las leyes o al menos las incumple, lo cual implica una falta gravísima, por el cargo que ostenta. Si además  evaluamos  el  hostigamiento y  persecución sistemática e indiscriminada (comparable con épocas nefastas de nuestro país) que lleva adelante con los empleados de la repartición que están bajo su órbita, deberíamos deducir que su único objetivo, es el vaciamiento y destrucción definitiva de la DPSP.

(*) El nombre del autor se reserva para resguardar su integridad laboral.

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