Desde el CEPIS, Lovelli pide que se declare “la inconstitucionalidad del cuadro tarifario” del gas

El Centro de Estudios para la promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) inició una acción judicial con el objetivo de que se declare la inconstitucionalidad de la suba de gas. En diálogo con REALPOLITIK, su titular Mariano Lovelli dio detalles de la presentación realizada en la Justicia.

A continuación, la entrevista completa

RP.- ¿Qué fue lo que presentó en la Justicia?

Hemos iniciado la semana pasada una acción judicial, una acción colectiva que cubra a todo el universo de usuarios del servicio de gas, en la que pretendemos que el juez declare la inconstitucionalidad del cuadro tarifario que establece las subas del precio del gas que la gente está sufriendo en estos momentos en sus casas.

Son tarifas que se multiplican por cuatro o cinco el valor de lo que se pagó el año pasado. Nosotros consideramos que las tarifas son irrazonables en términos de lo que establece la Suprema Corte de Justicia, y acompañamos toda una serie de pruebas que respaldan nuestra tesis, nuestra visión sobre el asunto.

RP.- ¿De qué depende que se le dé curso a su pedido?

Nosotros decimos que son irrazonables por distintos argumentos. Uno de ellos es por el costo que tiene YPF para producir gas en nuestro país. Recordemos que YPF además de ser nuestra petrolera de bandera, es la principal productora de gas en Argentina y existe un documento oficial girado a la comisión de valores de los Estados Unidos -porque YPF cotiza en Wall Street-, en donde informa que el costo de producción es apenas superior a los dos dólares, cuando el ministro Aranguren le quiere hacer pagar a cualquier ama de casa casi siete dólares a partir de abril del año que viene.

Eso es irrazonable por la propia contundencia de los números, más allá de la propia argumentación jurídica que nosotros le damos en el expediente.

Además de eso, acompañamos con otra información también oficial  remitida a los Estados Unidos -en este caso por la multinacional francesa Total- donde manifiesta que entre el 2013 y el 2015 invirtieron dos mil millones de dólares en nuevos yacimientos de gas.

Por lo tanto, el planteo que le hacemos a la Justicia tiene que ver con que la principal productora de gas dice que tiene un costo de producción de dos dólares. La que le sigue, dice que entre el 2013 y el 2015 invirtió dos mil millones de dólares en un yacimiento que está produciendo en la actualidad el 90 por ciento del nuevo gas que tiene la Argentina.

En ese sentido, no se cumplen ninguna de las dos condiciones que había planteado el gobierno, que es que estábamos sin gas, que íbamos camino a la desaparición del gas en el país. Y que estamos pagando un monto razonable, cuando en realidad es tres veces más de lo que le cuesta a YPF sacar el gas de nuestro subsuelo.

RP.- El gobierno siempre ha dicho que se están sincerando las tarifas, que se están actualizando los precios…

Eso es lo que dice el gobierno con la ayuda del aparato mediático que tiene por detrás que respalda ese relato. Insisto, la francesa Total tiene en nuestro país inversiones por 6.500 millones de dólares, esto es información oficial de ellos. De esos 6.500 millones de pesos que llevan invertidos en la Argentina, el 40 por ciento se invirtió en el binomio comprendido entre el 2013 y el 2015, en el proyecto Vega Pléyade ubicado en el Mar Argentino, en la jurisdicción de Tierra del Fuego.

Si estuviésemos en un contexto en el que se hubiese puesto en discusión el precio de las tarifas y se haya dicho que con esas tarifas nadie invierte, los franceses no hubiesen venido. Nadie hace beneficencia en este tipo de cuestiones.

RP.- ¿Cuáles son los plazos de la Justicia?. Las facturas de gas tienen fecha de vencimiento, hay que pagarlas, y esta acción judicial que han presentado genera expectativas en los usuarios…

Le exigimos a la Justicia en nuestra presentación que adopte los plazos procesales más breves. Lo cierto es que acá vamos a necesitar que haya peritos que den su opinión, que las empresas acompañen con informes oficiales; es decir que va a llevar un tiempo más prolongado que el que llevo la vez pasada, que lo iniciamos en el mes de abril y en agosto tuvimos la sentencia de la Corte.

De todos modos lo que nosotros queremos es dar un debate de cara a la sociedad y que la gente sepa que las boletas que tienen en sus manos, es una boleta que incluye ganancias extraordinarias para las empresas, que no tienen ningún asidero con la realidad.

RP.- Estamos en campaña electoral, ¿no cree que esta contienda política puede influir en las decisiones?

Yo creo que los jueces no son ajenos al humor social. El año pasado nosotros tuvimos un éxito judicial pero no es atribuible al CEPIS. Nosotros no somos ni vanguardistas, ni iluminados.

Los jueces viven en un contexto social, el año pasado el fallo se dio en un momento en el que la gente estaba protestando en la calle.

Por lo tanto, en esto tiene que ver la actitud que tome la sociedad respecto de un reclamo que afecta a sus propios derechos. Una acción judicial de este tipo que pase inadvertida por la sociedad, seguramente le será “más fácil” a los jueces resolverlo de forma negativa para el planteo que hace la asociación.

Pero los jueces no son extraterrestres, viven en la comunidad, palpan la realidad, el que dice que un juez no comprende el humor social, es porque no entienden cómo funciona la Justicia en nuestro país. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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