Video de empleada de IOMA negándole ayuda a la mamá de un niño con Tourette causa masivo rechazo

IOMA lleva sobre sus espaldas un largo y desafortunado historial de querer escapar a la responsabilidad de cubrir el costo de los tratamientos a personas discapacitadas. Con la misma rapidez con la que le realizan descuentos a los afiliados en sus recibos de sueldo, envían las cartas documento y apelan cuanta medida intente enfrentarlos con sus obligaciones legales.

Gabriela Fernanda Vaca es la mamá de un niño con síndrome de Tourette, TGD, déficit de atención e hiperactividad. Tiene certificado de discapacidad y cobertura médica de IOMA. Según la Ley Nacional de Discapacidad, IOMA debiera cubrirle el 100 por ciento del tratamiento. Pero no lo hace. En la realidad, lo poco que le reintegran tarda entre cinco y seis meses en acreditarse. Cinco o seis meses en los que los familiares que, valga la aclaración, pagan al día su afiliación, deben abonar también los costosos tratamientos de sus bolsillos.

Lamentablemente, el Instituto Obra Médico Asistencial no solo se niega a cubrir la totalidad del tratamiento, sino que agrega que las leyes nacionales sobre el régimen de las obras sociales y el Sistema Nacional de Seguro de Salud, así como otras resoluciones del Ministerio de Salud de la Nación, no le son aplicables, porque IOMA no está adherido al Sistema Nacional del Seguro de Salud. De esta manera, el organismo sostiene que tiene un “régimen normativo propio” y que no le corresponde afrontar tales gastos.

En el video Gabriela se presenta, documentación en mano, pidiendo una explicación sobre la negativa de la institución a cubrir la totalidad del costoso tratamiento de su hijo. Una asistente social puesta especialmente por los directivos de IOMA le indica que existe una “ley provincial” bajo la que ellos se rigen. Esto es una fragante mentira que ya ha sido negada sistemáticamente por la Corte Suprema de la Nación, que desautorizó a IOMA a impugnar tales pedidos.

De hecho, en el año 2010 obligó al instituto a afrontar los costos de los tratamientos de aquellos pacientes que no puedan pagarlos. Los casos ejemplificativos de esta actitud se acumulan sobre el escritorio del presidente de IOMA, Carlos Marcelo D'abate, que sin embargo hace caso omiso a ellos. Cuando Gabriela le solicita a la asistente social que le de una explicación por escrito, la asistente se niega. Todo es “de palabra”, todo en el aire.

Luego Gabriela solicita que, dada la urgencia de obtener el reintegro por el tratamiento de su hijo, se dinamicen los trámites, tratándose de un paciente discapacitado. La asistente social vuelve a mentir, y le dice que no tiene por qué agilizar los trámites. Que no hay normativa que la obligue a hacerlo.

Una vez más, IOMA vuelve a mostrarse insensible a sus propios afiliados, ajenos a la pena de una madre que necesita desesperadamente ayuda para su hijo. Otra vez demuestra que el interés está puesto en el dinero que se le quita al afiliado y, por qué no, en los negociados que se llevan a cabo a través de las licitaciones.

Se podría apelar a la Ley 22.431, Ley de Sistema de Protección Integral de los Discapacitados, o a la 24.901, Ley de Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad, o simplemente al sentido común y al más básico de los derechos humanos, el de vivir. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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