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IPS: Trabajadores denuncian estafas en relación a jubilaciones de la provincia

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REALPOLITIK | 3 de octubre de 2017

Mediante el decreto 1850/90 se instauró una nueva modalidad laboral dentro de la administración pública, a través de la cual los estudiantes de las distintas facultades tenían la posibilidad de comenzar a trabajar utilizando la metodología de la práctica rentada. En el mismo decreto existe un convenio que estipula un régimen laboral de cuatro a cinco horas, con un sueldo proporcional del 80 por ciento de un profesional categoría 8.

Lo que no aclaraba el convenio en aquel entonces es que los chicos que ingresaran bajo esta modalidad no contarían con obra social, o aportes patronales, en lo que se asemejaba en no pocas características a un trabajo informal o en negro.

De este modo, numerosos estudiantes ingresaron en la administración pública a comienzos de la década del 90. Muchos de ellos, no pudieron modificaron su status hasta muchos años después de recibidos. Además en Contaduría General de la provincia hay más de 200 personas con 23 años de antigüedad que tienen, no obstante, algo más de once años en calidad de práctica rentada. El mismo esquema se traslada a cada uno de los ministerios, organismos y dependencias de la estructura provincial.

Para ellos, el reconocimiento de los más básicos derechos laborales fue una verdadera lucha encarnizada que tomó meses de pedidos de informes, documentos, correspondencias y abogados. Hoy, luego de mucho esfuerzo, cuentan con antigüedad y vacaciones. Quedan en el tintero, aún, el aguinaldo y las vacaciones no gozadas, entre otras prerrogativas.

Siempre atentos a la letra chica, los trabajadores en este régimen notaron una particularidad: sus años de antigüedad como practicantes rentados no les sirven para la jubilación. Para ello, deben cumplir con el pago de los aportes que, como el estado los mantenía en una situación de desamparo legal, nunca se hicieron.

Menuda sorpresa se encontraron aquellos que osaron llevar adelante el trámite de reconocimiento de los años de práctica rentada. El cálculo de aportes adeudados que realiza el IPS es absolutamente descabellado.

Por ejemplo, a una empleada del ministerio de Economía le corresponde pagar entre 7 mil y 14 mil pesos de deudas previsionales para poder adjuntar sus once años de práctica a la jubilación. Sin embargo, cuando el IPS le envió la respuesta, lo hizo con dos liquidaciones de aportes. Una por 600 mil pesos y la otra por 314 mil más. ¿Por qué tanta diferencia? Por un solo número que, astutamente, las autoridades del IPS modifican en la liquidación.

En vez de tomar, como corresponde, los salarios brutos de cada año adeudado e ir utilizándolos para llevar adelante los cálculos, el IPS simplifica la cuenta tomando únicamente el sueldo actual. Por ejemplo, para reconocer los aportes de una persona en el año 1993, toma lo que esa misma persona cobra hoy en día, veinticuatro años después. A ése salario le aplica el 14 por ciento. El número resultante es, naturalmente, astronómico. De este modo, el IPS le pide 900 mil pesos a una persona que debiera pagar 7 mil pesos para actualizar sus aportes.

La estrategia del IPS es simple. Que nadie pague dichos montos por saberlos descabellados, y coartar así la posibilidad de jubilar a los agentes involucrados.

En otro caso, una empleada del ministerio de Salud debe liquidar los aportes de sus prácticas rentadas por un total de setenta y cuatro meses, con un salario promedio de 215,25. En un cálculo sencillo, si se multiplica su sueldo por la cantidad de meses trabajados, se obtiene un total de casi 16 mil pesos. Aplicado el 14 por ciento de los aportes previsionales, el trabajador debiera pagar un total de 2.230 pesos para actualizar sus aportes.

Cuando inició el trámite de reconocimiento, el IPS le liquidó la friolera de 100.818,38 pesos.

Ante esta situación, numerosos empleados de la administración pública provincial comenzaron a protestar a través de las redes sociales y en los medios masivos de comunicación en busca de una respuesta que traiga algo de paz a sus mentes y que les permita mirar al porvenir con entusiasmo. La pregunta que se mantiene inerte en el ambiente es la misma que todos los bonaerenses nos hacemos: ¿Quién controla al IPS? (www.REALPOLITIK.com.ar)

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