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Luego del escándalo de Martiniano Molina, la provincia sale a la caza de los vigiladores privados

REALPOLITIK | 4 de octubre de 2017

Martiniano Molina impone agenda. Agentes de la policía local de Quilmes, a la que el intendente apoyó públicamente, presentaron una denuncia contra sus propios jefes acusándolos de enviar efectivos a vigilar comercios de forma privada a cambio de un pago extra. Como si de la mafia italiana se tratara, la policía de Martiniano Molina extorsiona a los comercios del casco céntrico a cambio de “no tener problemas”. En este contexto, el Concejo Deliberante le pidió explicaciones al secretario de Seguridad del municipio.

En estas circunstancias, que dejan en evidencia los manejos poco claros que algunos intendentes tienen en sus propios partidos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha decidido cortar por lo sano e implementar una caza de brujas en la que no quede un solo vigilador privado no habilitado en todo el territorio provincial.

En los primeros operativos, llevados a cabo en los partidos de Tigre; Mar del Plata; Canning y Morón, entre otros, se han labrado cuantiosas multas e infracciones que van hasta los 20 años de prohibición de ejercer la seguridad privada.

En el partido de Tigre, las autoridades provinciales intervinieron una garita ilegal y multaron a su responsable con una multa de 108 mil pesos y la clausura del servicio de sereno nocturno que llevaba a cabo. En Mar del Plata se multó al supermercado Yaguar por un total de 82 mil pesos, además del decomiso de numerosos artículos. En Canning, se sancionó al barrio privado Lagos de Canning con otros 82 mil pesos, al igual que al barrio cerrado El Cardal de Campana. A Trames SRL, una prestadora de servicio de seguridad de Mar del Plata que no supo presentar sus credenciales a tiempo, la provincia la cargó con una multa de 819 mil pesos. Y la lista sigue, interminable, en General Villegas, Chacabuco, Pringles, etcétera.

Estas medidas fueron llevadas a cabo a través de las resoluciones número 143; 224; 229; 231 y 232 del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, cuyo titular es Cristian Ritondo. La decisión del ministro bonaerense fue saludada de tibia manera por parte de autoridades bonaerenses y vecinos por igual. “El problema es que se sanciona a vigiladores privados que, en su mayoría, son personas mayores ganándose unos pesos. No tienen armas. Solamente vigilan que todo esté bien y, en caso de haber un problema, llaman a la policía. Lo que Ritondo busca no es mejorar la seguridad, sino eliminar cualquier competencia para la policía bonaerense, que luego extorsiona a los comerciantes a cambio de seguridad privada ilegal”, aseguró uno de los propietarios de un supermercado Yaguar de Mar del Plata.

Solo el tiempo podrá dirimir quién tiene la razón. Si el ministro Cristian Ritondo, que aseguró que su único objetivo es eliminar la seguridad privada ilegal, o los vecinos de la provincia de Buenos Aires, que están dispuestos a apostar lo que no tienen a que ésta es una nueva jugada del ministro, que aprovechó el papelón de Martiniano Molina para llevar a cabo un nuevo negocio para su fuerza policial. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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04 Oct | 12:43
perdomo | perdomo2003@outlook.com
Todo el accionar de Ritondo tiene ese objetivo
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