De los datos recabados se afirma que más de la mitad de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres trans (64 por ciento) han implicado “el ejercicio de la agresión o violencia con la intención, por acción u omisión, de lesionar el cuerpo de las víctimas, causar daño físico, torturar, matar y/o castigar”.
“Vemos que los crímenes de odio subieron en nuestro país y tenemos una justicia que no está preparada para investigar, dar sentencia y hablar de femicidios trans. En algunas provincias se habla de drama pasional, ajuste de cuentas con el narcotráfico y realmente no se investiga”, se quejó Marcela Romero, presidenta de la Federación Argentina LGBT y de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, en una entrevista con REALPOLITIK.Además remarcó la necesidad de entrar en el círculo laboral, ya que “el trabajo sexual no puede ser la única opción”. “No hay espacio ni agenda política en donde estemos incluidas”, lamentó la dirigente, y responsabilizó tanto a la policía como al poder político de su situación actual.
Por otro lado, denunció el incumplimiento de la Ley de Identidad de Género, ya que “hay una lista de espera de 600 mujeres trans para el cambio de sexo”. “Hay provincias en donde no hay tratamiento hormonal y en otros lados ni llega el tema de la salud integral”, agregó. (www.REALPOLITIK.com.ar)