El sobrino del “Rey de la Salada” denunció penalmente a Conte Grand

Su abogado patrocinante, Javier Gastón Raidan, presentó un escrito de más de treinta páginas donde su cliente relata "aprietes" y "castigos" que vivió su familia una vez detenidos por presuntos casos de corrupción. Fue en el marco del operativo "limpieza" ejecutado por el macrismo para desmantelar las supuestas "mafias y corrupción" que tenía como protagonista al “Rey de la Salada” y su familia. Por ello, Adrián, su padre, madre, tío y otros socios fueron detenidos acusados de conformar una "asociación ilícita".

Los Castillo junto a otros socios constituían la reconocida Feria de la Salada ubicada en el partido de Lomas de Zamora. Fue cerrada por el gobierno de la ex gobernadora María Eugenia Vidal en medio de un escándalo mediático y fuertes denuncias.

En la nota presentada ante el juez, el sobrino de Jorge Castillo relató que todo comenzó a finales 2015 y principios 2016, apenas asumido el gobierno macrista con la primera embestida de Vidal, que apuntó a "esmerilar" la figura de quien era la procuradora General, María del Carmen Falbo, y su par en el ámbito nacional, la procuradora Alejandra Gils Garbó.

Desplazada Falbo, su reemplazante Julio Conté Grand, junto a Scalera y Rossi, habrían sido los operadores en el armado de causas y falsas denuncias que terminaron con la feria cerrada y sus dueños presos.

En su nota al juez, Castillo reconoce que en la feria "podrían existir irregularidades de tipo comerciales o laborales, faltas de habilitación, o incluso irregularidades impositivas, pero nunca jamás existió una organización delictual".

Sin embargo, la “era contegranista” “diseñó la ingeniería jurídica que abriera paso a la feroz persecución de quienes teníamos el manejo de las ferias, creándose con este fin en el departamento judicial de Lomas de Zamora una unidad de investigación especial encabezada por Scalera".

Según Castillo, la UFE actuó en conjunto con las fuerzas de seguridad de Gendarmería y la AFI, con una ayuda de comunicación para atacar a los dueños y hablar de mafias.

La idea era "descabezar de cuajo todas las ferias prácticamente al mismo tiempo" en medio del clima político de las elecciones PASO de 2017. Y colocar a Vidal como la figura principal de la lucha contra las mafias. 

Castillo relata las diversas situaciones que soportó. Desde aprietes para que hable acerca de su tío Jorge Castillo, la vinculación con el intendente Martín Insaurralde y el jefe policial Fabián Perroni. La moneda de cambio era su prisión domiciliaria. Podía volver a su casa. La negativa terminó con su detención en la unidad carcelaria 3 de Melchor Romero.

EL ALLANAMIENTO

Castillo fue detenido con su familia el 20 de junio de 2017 durante un allanamiento en su domicilio particular. Adrián Castillo estaba con su familia en su casa. "A partir de ese momento y hasta el día 25 de junio de 2017 estuve en una celda llena de excremento humano, sin comer, sin luz, sin agua, sin funcionamiento de la letrina ya que estaba tapada. Las ratas me caminaban por encima. Sólo salía para ir al juzgado (a la zona de la leonera) y volver, todo en camión de traslado", cuenta.

VENENO PARA CASTILLO

En otra parte de la denuncia Castillo cuenta: "El 29 de agosto de 2018 recuerdo que por esos días mi tío Jorge Castillo había estado haciendo declaraciones fuertes mediáticas, había mandado a analizar por intermedio de su concubina una muestra del agua que nos daban de tomar. La muestra había dado positivo para arsénico, en cantidades que eran peligrosas para el consumo humano, y se informaba que el agua no era apta para beber. No nos dejaban que nuestras familias nos ingresen más de dos bebidas semanales", dice el texto de la denuncia.

"Además había denunciado la comida podrida y otras condiciones de vida insalubre y humillantes que realmente vivíamos. Las ratas y las cucarachas ya las habíamos normalizado", agregó.

PEDIDO

El amplio testimonio de Castillo concluye con el pedido de juicio penal al procurador y los fiscales adjuntos: "Hago responsables y solicito se investigue su responsabilidad penal, a los doctores Conte Grand y Scalera; al personal del Servicio Penitenciario Bonaerense, de la Agencia Federal de Inteligencia y a los altos mandos políticos que diseñaron y llevaron a cabo este siniestro plan".  Finalmente, pidió ser citado a declarar con urgencia. (www.REALPOLITIK.com.ar)