En lo que va del año, según las estimaciones del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, ya hubo más de 1.800 tomas ilegales de terrenos. La crisis económica y la cuarentena no colaboraron con este proceso, sino que la tendencia aumentó marcadamente a partir del mes de marzo.
En Guernica, a unos 30 kilómetros de Capital Federal, unas 3 mil personas usurparon terrenos en medio de la pandemia e instalaron rápidamente unas improvisadas casillas. Bajo el amparo de un reclamo justo, el de acceder a una vivienda digna, los usurpadores ocuparon numerosas hectáreas fiscales y privadas de forma ilegal.
Luego de varias semanas de negociación con la jueza de turno y las autoridades del ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, cuyo titular es Andrés Larroque, y del ministerio de Gobierno, que dirige María Teresa García, se decidió premiar a los usurpadores con lotes gratuitos en sus respectivos municipios. Cada terreno tiene, además, todos los servicios incluidos.
Horas después de lo que el ministro de Justicia y Derechos Humanos calificó como un “enorme trabajo del estado”, los tomadores de tierras recibieron además la llegada de camiones con los materiales para la construcción y ampliación de sus viviendas. Esta última tarea quedó a cargo de Larroque, quien lo publicitó orgulloso en las redes sociales.
El accionar del ministro Andrés Larroque sienta un peligroso antecedente. Al parecer, poco o ningún sentido tiene ahorrar durante años el fruto del trabajo y luego endeudarse con un crédito hipotecario. Esta teoría clásica carece hoy de cualquier valor. En Argentina, pareciera que es más conveniente, más económico y ciertamente más rápido usurpar terrenos, resistir el embate de la Justicia y, finalmente, recibir como premio todos los materiales de construcción gratuitos. Los mismos que los trabajadores tienen que pagar a precio dólar en un corralón, pero a cambio de nada. (www.REALPOLITIK.com.ar)