Puan: Denuncian al intendente por desviar fondos provinciales destinados al hospital de Darregueira

En diálogo con REALPOLITIK, integrantes de la comisión vecinal de Darregueira realizaron una dura acusación contra el intendente municipal de Puan, Facundo Castelli. El gobierno local habría recibido el dinero que la provincia otorga al hospital de la localidad de la sexta sección, pero el mismo se direccionó a otras áreas del municipio que, según la comuna, debían ser apuntaladas en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.

Vale mencionar que el hospital es administrado por una sociedad de beneficencia que es integrada por una comisión de vecinos con más de 700 socios que hacen aportes para poder sostener al nosocomio. Sin embargo, durante la gobernación de Eduardo Duhalde, la provincia ordenó un aporte, que era una especie de subsidio, a la municipalidad que luego debía derivarlo a la sociedad benéfica.

La transferencia comenzó en épocas en las que Juan José Mussi se desempeñaba como ministro de Salud. Sin embargo, desde hace un tiempo a esta parte, la suma con la que se sostenía el hospital que atiende a más de 10 mil habitantes de Darregueira y alrededores, dejó de ser percibida.

En este sentido, ante consultas de la comisión, los vecinos fueron anoticiados que la comuna, a cargo de la gestión de Castelli, que oficia de ente intermediario, había decidido redireccionar el subsidio de forma unilateral. De esta manera, la sustentabilidad del hospital se encuentra pendiendo de un hilo cada vez más delgado.

En este marco, y ante las denuncias de la comisión vecinal, se comenzó una guerra judicial por parte del municipio que denunció a la comisión e incluso logró el allanamiento de domicilios de integrantes de la misma mediante la anuencia de policías y jueces adictos al poder de turno. Desde este aspecto, durante la semana que pasó, la casa del Marcelo Weimberger fue requisada y le extrajeron el celular y documentación como parte de una supuesta investigación.

La acción intimidatoria no hace más que demostrar una connivencia entre la gestión de Castelli; la titular del juzgado de Garantías Nro. 4 del departamento judicial de Bahía Blanca, Marisa Promé; la fiscal Ana Clara Cafasso; y la DDI de Coronel Suárez, que habría sido el brazo ejecutor de la pesquisa.

Las acciones persecutorias comenzaron luego que el doctor Iván Tenaglia, experto en temas municipales y representante de la parte damnificada, descubriera una malversación por parte de la comuna de cerca de 100 millones de pesos. 

“No queremos ir en contra de nadie, pero sí a favor del hospital”, cerraron desde la comisión con un espíritu conciliatorio a pesar de los manejos que atribuyen a Castelli. (www.REALPOLITIK.com.ar)