De ese modo, personal de la dirección inició la recolección de información, reportes, documental y demás registros aportados por la denunciante, quedando pendientes los registros de la contraparte a efectos de llevar a cabo los cotejos tendientes al esclarecimiento del presente hecho denunciado.
Elevados los elementos de prueba, el magistrado de intervención otorgó la orden de allanamiento para con las oficinas, con el objeto de proceder al secuestro de toda documentación en soporte papel y/o digital que vincule a la denunciante de autos con el municipio.
Cabe destacar que, por tratarse de un edificio público y las características del procedimiento, se contará con la participación de un responsable auditor del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. (www.REALPOLITIK.com.ar)