9 de septiembre de 2021 | Historia

La era de Rivadavia

Los unitarios porteños y un intento de centralización política frustrado en la década de 1820

La dirigencia porteña apostó a desactivar la convocatoria del Congreso Constituyente de la Ciudad de Córdoba dispuesta por el Tratado de Benegas, ya que no podía ejercer su control a la distancia.

Alberto Lettieri

Por esa razón, tras la derrota del caudillo entrerriano Ramírez, se promovió la firma del Tratado del Cuadrilátero, entre Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes (25 de enero de 1822), que incluía una declaración de paz y amistad, una alianza defensiva-ofensiva, el libre comercio entre las provincias firmantes y el derecho compartido a convocar un congreso. De este modo, las pretensiones de liderazgo nacional del cordobés Bustos quedaban neutralizadas.

En 1824 llegó a Buenos Aires el nuevo cónsul inglés, Woodbine Parish, con la misión de firmar un tratado de libre comercio y amistad, como precondición para el reconocimiento de la independencia. Sellado el 2 de febrero de 1825, significó la inclusión de la Argentina como país dependiente dentro del sistema de división internacional del trabajo, asumiendo el rol de productor de alimentos y materias primas y comprador de servicios y manufacturas.

En cumplimiento del Tratado del Cuadrilátero, en 1824 se reunió en Buenos Aires un congreso constitucional. La convocatoria fue aceptada por todas las provincias, la Banda Oriental, Misiones y Tarija. Por entonces se produjo el desembarco en la costa uruguaya de Juan A. Lavalleja y sus 33 Orientales, con el objetivo de liberar a la Banda Oriental de la dominación brasileña. Los orientales pusieron sitio a los invasores en Montevideo y reunieron un congreso que declaró la reincorporación de la Banda Oriental a las Provincias Unidas. Esta iniciativa fue aprobada por el Congreso Nacional el 25 de octubre de 1825. Dos meses después, el emperador del Brasil declaró la guerra.

La necesidad de contar con un gobierno nacional que hiciera frente a la guerra motivó la designación de Rivadavia como presidente, en febrero de 1826. Aún no se había sancionado una constitución, por lo que este cargo carecía de un marco normativo preciso. Sus ministros fueron Julián Segundo de Agüero en Gobierno, Carlos María de Alvear en Guerra y Marina, Francisco Fernández de la Cruz en Relaciones Exteriores y Salvador María del Carril en Hacienda. La noticia no fue bien recibida en las provincias, y la Constitución, que finalmente se aprobó tres meses después, fue rechazada inmediatamente en casi todas.

Rivadavia aceleró el proceso de centralización política. Hizo aprobar una ley de Capitalización que dispuso la federalización de la Ciudad de Buenos Aires y parte de su ejido rural, la nacionalización de la aduana y la creación de un Banco Nacional, que no consiguió consolidarse. También se nacionalizaron tierras provinciales, disponiéndose su incorporación al sistema de enfiteusis. Sus decisiones le valieron la oposición de terratenientes y comerciantes, que se sumaron a las resistencias del interior. La oligarquía porteña le quitó su apoyo y reconoció el liderazgo de Manuel Dorrego y Manuel Moreno, quienes hasta entonces habían sido ignorados por sus posiciones federales ortodoxas.

El otro gran eje de la acción de Rivadavia fue la guerra con el Brasil, que a pesar de sus resultados militares favorables no pudo sostenerse económicamente debido al débil estado de las finanzas nacionales y los desaciertos políticos del presidente.

La Constitución argentina sancionada el 24 de diciembre de 1826 proclamó el sistema representativo, republicano, bajo un régimen unitario. El Estado nacional se organizaba de acuerdo con el principio de división de poderes, con un Legislativo bicameral. El Poder Judicial se componía de una Alta Corte de Justicia, tribunales inferiores y juzgados. Las provincias estarían gobernadas por gobernadores, designados por el presidente con acuerdo del Senado, a partir de una terna propuesta por Consejos de Administración provinciales elegidos por el pueblo. La Constitución, una vez más, iba a contramano de la opinión de la mayoría de las provincias, que expresaron su repudio a lo largo del país.

La situación en el interior era de extrema inestabilidad. En San Juan estalló una guerra civil en 1825, que fue controlada poco después. A principios de 1826, el presidente Rivadavia envió a Gregorio Aráoz de Lamadrid, héroe de la independencia, a reclutar efectivos para la guerra con el Brasil. Sin embargo, Aráoz se desvió de su misión inicial y apuntó a disciplinar a las fuerzas opositoras a Rivadavia. El 26 de noviembre de 1826 se hizo designar gobernador de Tucumán, y expresó su respaldo a la Constitución unitaria. Sus acciones fueron avaladas por Rivadavia, pero los federales opositores, Bustos, Ibarra y Quiroga, se manifestaron dispuestos a confrontar. En octubre de 1826 Quiroga invadió Catamarca y depuso al unitario n, para luego derrotar a Aráoz de Lamadrid, que había acudido en su ayuda.

En Mendoza, el coronel Aldao se rebeló contra los unitarios, y puso a uno de sus hombres en la gobernación. Quiroga invadió San Juan, y la Legislatura designó como gobernador a uno de sus parientes. En Salta, luego de una compleja lucha facciosa, los unitarios consiguieron mantener el poder, mientras Lamadrid era derrotado nuevamente por Quiroga, quien lo obligó a escapar a Bolivia.

La posición de Rivadavia se deterioraba sin remedio. Su error principal había consistido en abrir, de manera simultánea, demasiados frentes que exigían atención preponderante y podían causar el colapso de su autoridad política. Para fines de 1827 los federales controlaban casi todas las provincias, con las excepciones de Buenos Aires y Salta. El bloqueo brasileño del puerto de Buenos Aires colmó la paciencia de ganaderos y comerciantes, mientras se incrementaba la presión inglesa para restablecer la paz y reiniciar el librecambio.

El presidente aceptó por fin la cruda realidad y encomendó a Manuel García la gestión de un acuerdo de paz. Las condiciones acordadas –cesión de la Banda Oriental al Brasil, una indemnización en metálico y el desarme de la isla Martín García– fueron consideradas deshonrosas, por lo que Rivadavia renunció el 27 de junio de 1827. A continuación, el Congreso se disolvió y la provincia de Buenos Aires recuperó su autonomía e instituciones.

Rivadavia dejaba como herencia un país fracturado, en una situación bélica desesperante y con sus finanzas en rojo. De este modo, anticipaba una pauta común para las administraciones de signo liberal hasta el presente. (www.REALPOLITIK.com.ar)