12 de diciembre de 2021 | Municipales
En los primeros días de abril, una de las residentes del hogar de ancianos “Mi sueño” de Darregueira –la ciudad más populosa del partido bonaerense de Puan- se comunicó con la comisaría local para pedir ayuda. De acuerdo a la abuela que llamó, hacía varios días que no comían nada sólido y tanto ella como sus compañeros tenían hambre. No era este el primer grito de auxilio, sino que ya habían ocurrido varios, y todos habían caído en oídos sordos porque ninguna autoridad comunal fue a verificarlo.
Además, durante meses, familiares de los ancianos que pasaban las tardes allí acudieron a funcionarios municipales para informar abandono y maltratos, pero nadie los escuchó ni procedió de forma alguna. Incluso las propias autoridades puanenses recibieron llamados y correos con estos reclamos, pero tampoco tomaron cartas en el asunto ni solicitaron a la Región Sanitaria I de Bahía Blanca que investiguen por el mal estado de los alimentos.
Finalmente, y ante las reiteradas protestas, el 22 de abril se realizó un procedimiento judicial que sacó el horror a la luz. Del mismo participó personal policial, el ayudante del fiscal, personal del área de fiscalización de la Región Sanitaria I, el titular del hospital y el director distrital de Salud. El geriátrico no estaba habilitado, funcionaba de manera ilegal y habría contado con la complicidad municipal. También tuvieron que ser evacuados la totalidad de los abuelos y relocalizados, al encontrarse la comida en estado de descomposición, que tuvo que ser decomisada, y la situación alarmante de higiene general, tanto de la institución como de los ancianos.
De ahí en más, el municipio que dirige el intendente Facundo Castelli quedó en el ojo de la tormenta por una supuesta complicidad que le permitía al hogar de ancianos funcionar desde la clandestinidad. De hecho, la oposición en el Concejo Deliberante local representado por el bloque del Frente de Todos, solicitó un pedido de informe para determinar cuál fue el rol de la gestión de Castelli en el despliegue efectuado por el hogar ilegal de ancianos de Darregueira, aunque el requerimiento no tuvo efecto porque el oficialismo negó su tratamiento.
Sin embargo, la denuncia judicial contra la comuna y la Región Sanitaria I fue desestimada por la Fiscalía Nº 12 de Bahía Blanca, por lo que el nieto de una de las abuelas del geriátrico recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), agotadas las instancias judiciales internas. Se trata de Jun Brian Strack, quien en diálogo con REALPOLITIK, contó: “Con los familiares de los ancianos logramos que el asilo sea allanado y clausurado, pero ahora queremos que la Justicia sancione la complicidad municipal porque nunca intervinieron ni hicieron las denuncias a los organismos correspondientes, evadiendo nuestras demandas”.
“Pedimos una reparación por negligencia porque mi abuela, entre otros ancianos, también sufrieron violencia psicológica y física. Después terminó falleciendo por un edema pulmonar en otro hogar, El Remanso, que funcionaba sin siquiera una habilitación provisoria”, agregó. Actualmente, el expediente en la CIDH se encuentra en “etapa de admisibilidad” a la espera de la determinación que tomará el organismo internacional contra las autoridades municipales y provinciales. (www.REALPOLITIK.com.ar)