26 de diciembre de 2023 | Nacionales
Para comenzar, la investigadora del CELS se refirió al proyecto que presentó la cartera de Seguridad: “Nos preocupa mucho no solo el texto de la medida, sino también los discursos que están rodeando a este protocolo. La idea de la intimidación, la amenaza a quienes se manifiesten que no van a recibir sus beneficios sociales. Todo esto sucede bajo un contexto donde la medidas económicas aumentaron la desigualdad socio - económica, que va a aumentar la conflictividad en la calle”, sostuvo Juliana Miranda.
“En este contexto cercenar el derecho a la protesta nos parece gravísimo. Fuimos a los organismos internacionales, porque el estado argentino tiene obligaciones internacionales que cumplir en materia de derecho a la protesta. Este protocolo fue sancionado por el ministerio de Seguridad de la Nación, por lo pronto su vigencia es para las fuerzas federales de seguridad y no otras jurisdicciones”, explicó.
En esa línea, Miranda habló sobre la denuncia que realizó el CELS ante organismo internacionales: “El estado argentino, independientemente del gobierno de turno, tiene obligaciones internacionales, es el estado que tiene que responder por tratados que firmó e incorporó su texto constitucional. Esperamos que los organismo se pongan en contacto con el estado argentino y le exijan cómo van a cumplir sus obligaciones en materia de derecho a la protesta”, dijo.
”No se puede cercenar un derecho y estar acompañando con una narrativa que plantea a los manifestantes como enemigos. Esta medida del gobierno es una resolución ministerial que requiere solo de la firma de la ministra, no es un decreto. Vamos a estar muy atentos para que se cumplan las funciones del estado y proteger a las personas”, aseguró. (www.REALPOLITIK.com.ar)