6 de enero de 2024 | Nacionales
La ley Ómnibus de Javier Milei plantea el regreso de los manicomios para encerrar a las personas por cuestiones de salud mental. Al respecto, el ex director nacional de Salud Mental, Luciano Grasso, analizó: “Los intentos de modificar la ley, que se sancionó en 2010, no son nuevos; siempre sucede con normativas de avanzada porque van en contra del status quo. Los manicomios vulneran derechos y generan beneficios para el poder económico; los laboratorios siguen ganando dinero”.
“Cuando se habla de salud mental mucha gente no termina de comprender la defensa de la actual norma porque se confunden con problemáticas de alguna persona en particular pero la ley no se está implementando”, agregó.
De este modo, amplió: “Los organismos internacionales avalaban nuestra ley de Salud Mental por lo criterioso y restrictivo de lo que requiere una internación. La ley dice que cuando la persona está en riesgo debe ser internada, por más que sea en contra de su voluntad; para ello, hay protocolos donde se utilizan medidas físicas restrictivas con ayuda de las fuerzas de seguridad”. “La internación es solo cuando es imprescindible, pero ahora con la vigente modificación se puede internar por las dudas, porque alguien molesta en la vía pública o por intereses económicos, como ya ha sucedido”, añadió.
Finalmente, Grasso explicó las diferencias sustanciales entre manicomios y neuropsiquiátricos: “El primero representa una institución con ciertas prácticas que vulneran derechos, que viene desde hace más de cien años cuando se creía que el paciente era peligroso e incurable. Aunque hoy podríamos decir que los neuropsiquiátricos u hospitales monovalentes públicos son manicomios porque también se vulneran derechos y hay denuncias en este sentido”. Y concluyó: “Hay internaciones prolongadas, como se registró en el último censo donde el promedio de edad de internación fue de doce años, es decir que hay personas que mueren en el hospital psiquiátrico. También hay falta de controles y cuidados, con muertes dudosas; sobremedicación, abusos sexuales y prácticas de electroshock sin el protocolo correspondiente”. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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