31 de marzo de 2024 | Nacionales
El gobierno amagó con transformar algunas jubilaciones en subsidios por no tener los aportes suficientes. No solo tiene que ver con una cuestión de cuentas: lo ideológico y jurídico también cuentan a la hora de tomar una medida que muchos avizoran como inconstitucional. "Hay muchas cosas para decir sobre el debate de los aportes y en principio debemos diferenciar en quienes pueden aportar y quienes no pueden hacerlo porque es contradictorio hablar de las deficiencias del mercado laboral, un intento desregulatorio del mercado para que se puedan hacer los aportes y después echarle la culpa a los propios perjudicados por este mercado laboral, que hace años viene sucediendo en nuestra argentina", inició la doctora María Emilia Carrozza.
A su vez, sumó que "otro de los puntos es que la jubilación es un derecho social que está garantizado por la constitución nacional y pactos internacionales, donde la cobertura previsional es un derecho, no se trata de ahorros individuales o un sálvese quien pueda, sino que el estado tiene que cubrir las contingencias que hacen a los derechos previsionales".
"Otra cuestión es quién es aportante al sistema y quién no lo es, cómo se financia el sistema de previsión social y esta pregunta parece ser que nadie se la hace. Pero el régimen previsional nacional no se financia únicamente con aportes y contribuciones de trabajadores formales, sino que hay, según la ley de presupuesto anual, entre un 20 y 30 por ciento de aportes impositivos para pagar las coberturas previsionales en tanto derechos sociales y, por lo tanto, todos somos aportantes al sistema con el IVA, la carga de combustible o los cigarrillos dependiendo lo estipulado en el presupuesto anual", expresó la abogada.
En este sentido, la previsionalista sostuvo que "en tanto que partimos de esa base y partimos de que las jubilaciones son derechos sociales, es que se deben financiar del modo en que se decide el financiamiento por ley y todos tenemos derechos a la cobertura previsional".
"La otra consulta que debemos hacer es qué hacemos con la gente que ya tuvo el daño de ser trabajador informal y haber visto reducidos sus derechos laborales en la actividad: ¿Los debemos dejar durmiendo debajo de un puente sin que pueda comer o sin que tenga cobertura de salud?", continuó Carrozza.
Finalmente, cerró: "Esa no puede ser la respuesta que el estado le dé a las personas mayores que están atravesando un momento de mayor vulnerabilidad en la historia de su vida y esta es una cuestión ideológica donde yo no me puedo poner de acuerdo con la gente que piensa de esa manera". (www.REALPOLITIK.com.ar)