13 de junio de 2024 | Interior
El balance del primer semestre de Claudio Poggi al mando de la Gobernación de San Luis resulta preocupante. Los aspectos positivos son escasos o nulos, mientras que su gestión se destaca por implementar un ajuste severo sin precedentes desde el retorno a la democracia. Los empleados públicos no han visto mejoras salariales significativas y los planes e iniciativas del gobierno carecen de originalidad, muchas veces replicando propuestas de administraciones anteriores.
Un aspecto llamativo de la administración Poggi es su intento por borrar cualquier rastro de las políticas del exgobernador Alberto Rodríguez Saá. Esto se manifiesta en la eliminación de las escuelas generativas, dejando a numerosos docentes sin empleo. Esta actitud refleja una gestión insensible y desconectada de las necesidades de la población.
Ajuste implacable
Desde el inicio de su mandato, Poggi dejó clara su línea de acción. Anunció que los salarios se pagarían desdoblados, justificándolo con una supuesta crisis financiera atribuida al gobierno saliente, aunque sin aportar pruebas. Además, paralizó la obra pública y expresó su intención de endeudar a la provincia.
El ajuste no cesó en los meses siguientes. El Ejecutivo incrementó fuertemente las tarifas de varios servicios. El peaje cuadruplicó su valor, dificultando a las familias disfrutar del Circuito Serrano, un paseo tradicional de los fines de semana. El programa San Luis a Mil, que ofrecía acceso a internet de alta calidad, aumentó su tarifa a $12,000, convirtiéndose en un servicio inaccesible. También hubo importantes ajustes en el transporte interurbano y la salud pública sufre por la escasez de profesionales e insumos.
Esta política de ajuste, enfocada en “hacer caja” sin considerar los padecimientos de los ciudadanos, se refleja claramente en la moratoria impositiva. La mayoría de los contribuyentes retrasados en el pago de impuestos lo están por dificultades económicas, no por evasión. A pesar de esto, el gobierno amenaza con ejecuciones fiscales una vez finalizada la moratoria el 15 de julio.
Fondos en alza, salarios en baja
El ajuste de Poggi se da en un contexto donde el ingreso de fondos a las arcas del Estado es significativo. En lo que va del año, San Luis ha recibido más de $300 mil millones en concepto de coparticipación federal. Solo en mayo, las transferencias superaron los $109 mil millones, un aumento del 372% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, este incremento no se refleja en mejoras salariales para los empleados públicos, quienes enfrentan una inflación superior al 100%.
Poggi ofreció aumentos solo a directores de escuelas y un bono de $70,000, seguido de un incremento salarial del 15%, generando descontento y protestas entre los trabajadores públicos. Contrariamente, la planta de funcionarios se ha expandido, con salarios que en algunos casos superan los 2 millones de pesos.
Persecución y falta de originalidad
El clima en el gobierno de Poggi está marcado por amenazas y despidos. En la última semana, numerosos trabajadores de Inclusión fueron desvinculados tras reclamar mejoras salariales.
La persecución a las escuelas generativas es constante, con proyectos suprimidos y contratos de docentes terminados, simplemente por estar asociados al exgobernador. Además, la falta de originalidad es evidente, con el gobierno presentando como propias iniciativas ya aplicadas por administraciones anteriores, e incluso copiando nombres de programas previos.
El primer semestre de Claudio Poggi se caracteriza por un ajuste drástico, falta de sensibilidad social y una notable ausencia de innovación en sus políticas.