21 de agosto de 2024 | Interior
Jujuy se encuentra en el centro de una creciente preocupación por la alta incidencia de delitos contra la integridad sexual. Referentes de organismos y activistas locales han manifestado su descontento por la falta de interés y financiamiento político para abordar de manera efectiva esta problemática, que ha posicionado a la provincia entre las más afectadas en el país.
Giovana Martínez, de la Red de Mujeres de Jujuy, subrayó la ausencia de un interés político serio en la implementación de estrategias integrales para combatir la violencia sexual. Martínez destacó la naturalización de la violencia y el desinterés en mejorar la seguridad en las calles, señalando la falta de iluminación adecuada, transporte seguro y medidas preventivas que favorezcan la protección de las mujeres. "En épocas de fiestas y celebraciones, la situación se agrava debido al consumo de alcohol, y la falta de seguridad y medidas preventivas contribuye a la escalada de violencia", comentó.
Natalia Aramayo, activista por los derechos de las mujeres, remarcó la carencia de políticas públicas efectivas para abordar la violencia sexual, que a menudo ocurre en el ámbito familiar y resulta extremadamente difícil de denunciar. Aramayo cuestionó si existe una verdadera contención para las víctimas y subrayó la necesidad de políticas públicas que incluyan una respuesta adecuada y sin prejuicios ante las denuncias.
Patricia Bustamante, miembro de la organización Mujeres por la Igualdad, señaló el impacto negativo de los recortes a nivel nacional, como la eliminación del Ministerio de Mujeres y Diversidades, que ha afectado gravemente las políticas públicas en Jujuy y en todo el país. Bustamante también destacó el aumento de discursos de odio y la reticencia en las escuelas a tratar temas de educación sexual integral por miedo a ser acusados de ideologías de género. Esto, según Bustamante, agrava la situación al limitar el acceso a la educación y la prevención.
Andrea Batalla, de la Asociación de Mujeres y Diversidades de Jujuy, subrayó la falta de presupuesto específico para implementar leyes relacionadas con la violencia de género y la exclusión de las organizaciones territoriales en la planificación de políticas. Batalla criticó la falta de efectividad en la aplicación de leyes existentes y la persistencia de una justicia patriarcal que no protege adecuadamente a las mujeres.
Las críticas también se dirigieron hacia el sistema judicial local, que, según las referentes, sigue siendo profundamente patriarcal y no actúa en defensa de las mujeres. Las denunciantes exigieron un abordaje integral de la violencia sexual y una respuesta más efectiva y sensible por parte de las instituciones. (www.REALPOLITIK.com.ar)