Funcionario del intendente Leonardo Boto será denunciado por extorsión

El secretario de Desarrollo Productivo del municipio de Luján, Juan Pablo Redondo, enfrenta serias acusaciones de extorsión. Se alega que Redondo intentó presionar a los trabajadores de una cooperativa para hacerse con la posesión de un galpón del ferrocarril y ahora se encuentra involucrado en una investigación judicial.

Juan Pablo Redondo asumió su cargo en enero de 2023, bajo la administración del intendente Leonardo Boto, quien ocupa el cargo desde enero de 2020. La denuncia surge a partir de una declaración testimonial de Redondo en un proceso judicial iniciado por el municipio contra una cooperativa que opera en un galpón del Ferrocarril de la calle Belgrano, en la ciudad de Luján, desde hace más de veinte años. La propiedad en cuestión pertenece al gobierno nacional.

Redondo recibió un subsidio de 30 millones de pesos del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que conduce Axel Kicillof, con el objetivo de utilizarlo en la puesta en valor de un galpón del Ferrocarril Sarmiento. Sin embargo, Redondo no informó al estado nacional sobre el uso de estos fondos, a pesar de que el galpón ha sido operado durante más de veinte años por la cooperativa La Florencia, que cuenta con más de quince trabajadores dedicados al reciclaje y que provee al municipio.

En su afán porque los cooperativistas abandonaran el inmueble, Redondo recurrió a tácticas intimidatorias, incluyendo un operativo ilegal de clausura con seis patrulleros de la Policía Bonaerense y varios funcionarios municipales. Al no obtener los resultados deseados, Redondo procedió a presentar una denuncia penal por desobediencia. Esta denuncia resultó en un escándalo cuando, en su declaración testimonial, Redondo incurrió en múltiples contradicciones y admitió haber firmado un acuerdo con la cooperativa que luego denunció.

El abogado Jeremías Rodríguez, de la asociación civil Queremos Luján, que representa a los trabajadores de la cooperativa, ha solicitado a la Justicia copias certificadas de las declaraciones testimoniales de Juan Pablo Redondo y el secretario de Obras Públicas, Abel Rausch. Esta solicitud apunta a iniciar una acción penal contra los delitos de extorsión (artículo 168 del Código Penal), abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos (artículos 248 y 251 del Código Penal). (www.REALPOLITIK.com.ar)