Azul: Crece la tensión con los trabajadores municipales

El despiadado ajuste del gobierno nacional ha comenzado a mostrar sus repercusiones en las provincias y municipios argentinos. Localidades como Almirante Brown, Azul, Berisso, Chascomús, Lomas de Zamora, Necochea y Villa Gesell han declarado la emergencia alimentaria. Sin embargo, el intendente de Azul, Nelson Sombra, ha ido más allá y, a través de un decreto, declaró la emergencia administrativa, económica y financiera del municipio.

Este decreto, que consta de 25 artículos, busca "la reducción y optimización de gastos y recursos para lograr un adecuado equilibrio económico y financiero de la Comuna", ajustando los gastos a los recursos disponibles para la prestación de servicios públicos. Entre las medidas adoptadas, se destaca la reducción de la carga horaria de los empleados municipales a 40 horas semanales, la suspensión de horas extras y la facultad otorgada a la Dirección de Recursos Humanos para reubicar personal. Estas decisiones han generado un profundo malestar entre los trabajadores, quienes se declararon en estado de alerta y salieron a movilizarse por las calles de la ciudad.

Luciano Varela, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul (STMA), advirtió que la confrontación con el intendente apenas comienza. Sombra ha manifestado su intransigencia: "El intendente municipal ha dicho que no puede retroceder en nada, y después de un largo rato de discusión no se llegó a ningún acuerdo". La propuesta del sindicato consiste en discutir los alcances del decreto en reuniones, pidiendo la suspensión de tres artículos que perjudican a los trabajadores.

Desde el Ejecutivo local se justifican estas medidas, argumentando que Azul ha estado en retroceso económico durante décadas. Empresas como Sudamtex, San Lorenzo y varios frigoríficos han desaparecido, dejando a la ciudad sin una base industrial sólida. En este contexto, cualquier medida que afecte a los trabajadores municipales tiene un impacto significativo en la comunidad, especialmente en el sistema de salud. La crisis en este sector provocó que los directores de los hospitales de Azul, Cacharí y Chillar presentaran sus renuncias, aunque estas fueron rechazadas por el intendente, quien mantuvo en su cargo al secretario de Salud, Hernán Combessies. A pesar de los conflictos, se logró estabilizar la operación de los hospitales, que ahora funcionan con normalidad.

El director del Hospital de Azul, Diego Azcona, explicó en conferencia de prensa que "se lograron una serie de reconocimientos y cambios respecto a la situación de la semana anterior", destacando que se han hecho excepciones al decreto y se está trabajando en negociaciones adicionales.

El impacto de la declaración de emergencia ha llevado a 500 trabajadores del hospital a movilizarse en rechazo al decreto. Patricia Estanga, enfermera del hospital, recordó que "nos pusimos la pandemia al hombro cuando nadie quería entrar a la sala por miedo, y hoy, tras tanto esfuerzo, me castigan recortando mi sueldo solo por pertenecer a enfermería".

Al declarar la emergencia, Sombra subrayó que "tenemos una crisis económica, financiera y administrativa en el partido de Azul". Actualmente, el 70% de los fondos del municipio proviene de la provincia, mientras que el 30% es de origen municipal. Sin embargo, el 70% de estos fondos se destina a salarios municipales, lo que ha llevado a un déficit estructural.

Varela replicó que el presupuesto aprobado por el Concejo Deliberante debería haber previsto esta situación. "El municipio no puede entrar en crisis financiera de un día para otro. ¿Cómo es posible que, tras realizar obras, ingresar nuevos empleados y adelantar el pago de salarios, ahora se declare una emergencia económica sin previo aviso?".

Los recortes salariales, que se traducen en descuentos de entre 100 mil y 150 mil pesos, afectan a 1.100 trabajadores, mientras que 1.800 están a disposición de Recursos Humanos. Esta crisis ha llevado al sindicato a convocar una audiencia en el Ministerio de Trabajo, donde se decidirá si se profundizan las medidas de fuerza.

Sombra argumentó que las medidas buscan evitar despidos, garantizar servicios y recuperar la confianza de los contribuyentes, aunque estas excepciones aún son insuficientes para calmar a los trabajadores, quienes exigen la derogación de los artículos que afectan a los municipales y la apertura de una mesa de diálogo sin condicionamientos.

El decreto también incluye un programa de reducción de gastos, que contempla recortes en los salarios de funcionarios políticos y la suspensión de viáticos. A pesar de estas medidas, el pago del 4,6% de aumento salarial acordado con anterioridad está pendiente.

Los trabajadores insisten en que no deben ser ellos quienes paguen las consecuencias de una crisis que no provocaron y esperan que el intendente recapacite antes de que la situación se agrave aún más. En este delicado escenario, el diálogo parece ser la única salida posible entre las partes. (www.REALPOLITIK.com.ar)