27 de enero de 2025 | Interior
El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOYEM) expresó su enojo tras la divulgación, a través de redes sociales y WhatsApp, de un registro interno que expone las ausencias del personal de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Bariloche. El gremio denunció que la publicación del documento, aunque de carácter público, no fue una comunicación oficial y calificó el hecho como una vulneración de los derechos laborales.
El informe interno, firmado por el director de Tránsito, Carlos Catini, fue dirigido al área de Recursos Humanos y detalla la cantidad de inasistencias justificadas por “certificados médicos” entre 2023 y 2024. Algunas cifras resultaron impactantes, con inspectores que acumularon entre 77 y 223 faltas anuales. En total, se registraron 886 días de ausencias en 2023 y 764 en 2024, complicando gravemente la planificación laboral.
Catini señaló en el documento que estas ausencias afectan la operatividad de la Dirección de Tránsito, sobrecargando al resto del personal y generando dificultades para garantizar el cumplimiento de las tareas. Además, recomendó la reubicación de los inspectores con problemas de salud en tareas administrativas, para proteger su bienestar y evitar exponerlos a condiciones climáticas adversas.
La filtración del informe generó la inmediata reacción del SOYEM, que emitió un comunicado repudiando la exposición pública de los trabajadores, calificándola como un acto de intimidación y violación de la confidencialidad. La secretaria general del sindicato, Brenda Morales, expresó:
"Este accionar vulnera el derecho a la privacidad y puede interpretarse como una presión indebida hacia los empleados."
El sindicato exigió al Ejecutivo municipal una retractación pública, el compromiso de respetar la confidencialidad de los datos laborales y la apertura de una mesa de diálogo para abordar las irregularidades en un marco legal.
Desde el SOYEM aseguraron que acompañarán a los trabajadores afectados y utilizarán todas las herramientas legales necesarias para garantizar sus derechos. Además, adelantaron que podrían elevar denuncias ante el Ministerio de Trabajo y otros organismos competentes.
El caso plantea un debate sobre el equilibrio entre la transparencia en la gestión pública y la protección de los derechos laborales y la privacidad de los empleados. Por ahora, el Ejecutivo municipal no se ha pronunciado oficialmente sobre la filtración ni sobre las exigencias planteadas por el sindicato. (www.REALPOLITIK.com.ar)