Santa Cruz: Presos trabajan en obras públicas bajo una nueva medida del gobierno de Claudio Vidal

En una decisión inédita a nivel provincial, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, implementó una nueva política que obliga a los internos de las unidades penitenciarias a realizar trabajos comunitarios en distintos espacios públicos de la provincia. La medida, que busca combatir la ociosidad en las cárceles y fomentar la reinserción laboral, ya comenzó a aplicarse en la Unidad Penitenciaria N° 2 de Río Gallegos.

"Es una manera de devolverle a la sociedad el daño que han ocasionado", expresó el gobernador Vidal, justificando la iniciativa como un mecanismo de reparación social. A diferencia de la propuesta impulsada a nivel nacional por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que plantea el trabajo intramuros, en Santa Cruz los internos trabajarán fuera de los establecimientos penitenciarios en tareas de mejoramiento urbano.

El ministro de Seguridad provincial, Pedro Prodromos, calificó la medida como "un hecho histórico a nivel penitenciario" y detalló que, en la actualidad, 18 internos de la Unidad N° 2 están trabajando en la colocación de adoquines en un camping ubicado a orillas de la ría de Río Gallegos. "Se han tomado todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar el correcto desarrollo de la actividad", aseguró el funcionario, anticipando que la medida se extenderá a todas las cárceles de la provincia.

Desde el gobierno santacruceño también se planteó la posibilidad de ampliar el esquema de trabajo penitenciario a sectores productivos como la agricultura y la ganadería. "Buscamos recuperar la cultura del trabajo", afirmó Vidal, dejando abierta la puerta a futuros convenios con distintos sectores económicos.

El anuncio generó un fuerte debate en la opinión pública. Mientras algunos sectores destacan la iniciativa como un paso hacia la rehabilitación y la responsabilidad social, otros cuestionan la obligatoriedad de la medida y la falta de claridad sobre las condiciones laborales de los internos. En este sentido, organizaciones de derechos humanos advierten sobre la necesidad de garantizar que el trabajo penitenciario no se transforme en explotación laboral encubierta.

Por el momento, la medida avanza en Santa Cruz con el respaldo del gobierno provincial, que defiende su implementación como una respuesta a las demandas de mayor seguridad y orden en la sociedad. (www.REALPOLITIK.com.ar)