Gabriela Troiano: "El gobierno considera a las personas con discapacidad como incapaces"

Gabriela Troiano advirtió que el decreto introduce términos discriminatorios y estigmatizantes, al clasificar a las personas con discapacidad con términos como "débil mental profundo" y "débil mental moderado". "Más allá de lo ofensivo del lenguaje, lo grave es que retrotrae el reconocimiento de derechos a un paradigma obsoleto. No es solo un problema de terminología, sino de fondo: el gobierno considera a las personas con discapacidad como incapaces", sostuvo.

Además, la presidenta de REDI alertó sobre la modificación en los criterios de evaluación para acceder a beneficios sociales. "El decreto 187 cambia las condiciones bajo las cuales se determinan las pensiones. Antes se utilizaba la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF), recomendada por la OMS. Ahora vuelven a utilizar el CIE, un método anterior a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto significa que muchas personas van a perder sus derechos porque las auditorías se basarán en parámetros distintos a los que les otorgaron sus beneficios", explicó.

Troiano denunció que las citaciones a auditorías no aclaran qué documentación deben presentar los beneficiarios y se otorgan con plazos muy reducidos. "Piden estudios médicos e historia clínica en un mes, cuando sabemos que conseguir un turno médico puede demorar más tiempo. Esto está diseñado para no dar respuestas y quitar pensiones", sostuvo.

En cuanto a los efectos de la política gubernamental, Troiano expresó su preocupación por el impacto sobre la calidad de vida de las personas con discapacidad: "Estamos hablando de una pensión de menos de 300 mil pesos, que muchas familias utilizan para pagar una obra social que garantice medicamentos y rehabilitación. En muchos casos, esto define si una persona podrá caminar o escribir. Quitarle estos derechos es condenarlos a la exclusión total".

Finalmente, la presidenta de REDI señaló que las organizaciones que trabajan en defensa de las personas con discapacidad han presentado un reclamo administrativo contra el decreto y continúan impulsando un proyecto de ley para adecuar la normativa argentina a los estándares internacionales de derechos humanos. "Lo que hace este gobierno es perverso. Si pasaba, pasaba, pero no pasó, porque estamos organizados y vamos a seguir luchando", concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)