Santa Fe: Aumentan la cantidad de dinero sin control en manos de los diputados

En un contexto de reiteradas denuncias por falta de transparencia y posibles actos de corrupción, la Legislatura de la provincia de Santa Fe ha aprobado una resolución que aumenta significativamente el dinero destinado a subsidios o "ayudas sociales", sin exigir una rendición de cuentas detallada. Este programa ha sido señalado en numerosas ocasiones por su falta de controles y la discrecionalidad con la que se otorgan los fondos.

El proyecto, identificado con la resolución 55.742, fue impulsado por la diputada Clara Rut García Alonso, exesposa del fallecido exgobernador Miguel Lifschitz. La normativa permite otorgar subsidios que oscilan entre 200 mil y 2 millones de pesos a organizaciones, e incluso a personas físicas. Solo aquellos subsidios que superen los 2 millones de pesos deberán presentar una rendición de cuentas formal. La aprobación del proyecto fue rápida y sin debate profundo, lo que generó suspicacias en distintos sectores de la sociedad y entre algunos legisladores de la oposición.

Denuncias previas, una estructura de corrupción

Distintos informes y denuncias han expuesto cómo los subsidios han sido utilizados para beneficiar a familiares, amigos e incluso organizaciones fantasmas que en algunas ocasiones han estado registradas en domicilios vinculados a legisladores. "El destino de estos subsidios no suele ser transparente", advirtieron denunciantes en otras ocasiones. "Ha habido casos de subsidios entregados a amigos o repartidos entre parientes. Incluso, se ha llegado al extremo de comprobar que legisladores de Santa Fe destinaban subsidios a organizaciones que tenían domicilio en sus propias casas".

El diputado nacional de Propuesta Republicana (Pro), Alejandro Bongiovanni, también alertó sobre esta situación: "Se hacen fondos de fortalecimiento institucional. Es un monto significativo de dinero que pueden utilizar sin rendir cuentas. Se puede adjudicar a cualquier obra o fundación sin transparencia alguna. El incentivo era 'creá una fundación y quedate con la plata'".

Falta de transparencia en las legislaturas provinciales

La problemática de la falta de control en el uso de fondos públicos no es exclusiva de Santa Fe. Una investigación reciente reveló que casi el 90 por ciento de las legislaturas provinciales en Argentina ocultan datos clave sobre contrataciones de personal, presupuestos y manejo de fondos. El informe destaca la existencia de gastos reservados, viáticos discrecionales y la dificultad de acceder a información oficial.

En particular, se detectaron casos de legisladores que perciben dobles salarios, acceso a pasajes aéreos sin control y asignaciones millonarias en concepto de "gastos protocolares". En provincias como Formosa, Chaco y Buenos Aires, se han documentado irregularidades en la contratación de personal, incluyendo "empleados fantasmas" que cobran sueldos sin trabajar. En Catamarca, por ejemplo, la legislatura cuenta con 3.103 empleados, una cifra alarmante en relación con la población y el número de legisladores.

El caso de la curandera Leda Bergonzi

Uno de los subsidios más controvertidos en Santa Fe fue la asignación de 800 mil pesos a Leda Bergonzi, una autoproclamada sanadora, a través de un decreto firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro. La diputada Amalia Granata denunció esta entrega, cuestionando la priorización de estos fondos en un contexto de ajuste y crisis económica. El dinero fue destinado a la organización de un evento religioso, lo que despertó críticas sobre el uso de recursos estatales para fines privados y no esenciales.

El escándalo escaló cuando el arzobispado de Rosario decidió distanciarse de Bergonzi y suspender todas sus actividades en nombre de la Iglesia. Al mismo tiempo, organizaciones de derechos civiles solicitaron una investigación sobre el posible uso de fondos públicos en el financiamiento de estas prácticas.

Mientras no existan sistemas efectivos de auditoría y sanciones para los responsables de estos manejos irregulares, la corrupción seguirá siendo una característica recurrente de la política provincial en Argentina. La ciudadanía debe exigir medidas concretas que garanticen un uso eficiente y honesto de los recursos públicos, evitando que sigan siendo utilizados como herramienta de enriquecimiento personal y beneficio político. (www.REALPOLITIK.com.ar)