25 de marzo de 2025 | Interior
La persecución a dirigentes sociales en Jujuy suma un nuevo episodio. Miguel Ramos, referente de la Asamblea de Trabajadores Desocupados (ATD) y la Biblioteca Niños Pájaros, fue demorado el pasado viernes 21 de marzo mientras tramitaba su planilla prontuarial. Según denunció, es la tercera vez que le ocurre lo mismo, a raíz de una imputación relacionada con las protestas del "Jujeñazo" de junio de 2023.
Ramos explicó que los efectivos policiales lo retuvieron al detectar un supuesto pedido de comparendo en su contra. Sin embargo, la acusación ya no tenía vigencia. "Esto es una persecución política sistemática. No pueden avanzar porque las causas son truchas, pero el hostigamiento no se detiene", sostuvo en declaraciones a Radio 2.
El dirigente recordó que en febrero de 2024 vivió una situación similar cuando intentó cruzar a Bolivia y fue retenido con el argumento de que tenía pedido de captura. "Cuando fui imputado en 2023, me puse a derecho y el pedido quedó sin efecto. Pero en cada trámite que intento hacer, me vuelven a detener. Es una forma de amedrentamiento", denunció.
Además, apuntó contra el fiscal Diego Funes, a quien acusó de armar causas en su contra y en contra de otros militantes, incluida su hija. "Este fiscal es el mismo que le inventó una causa a mi hija por supuestas amenazas al gobernador. Si quiere, te convierte en narco, porque arma causas sin pruebas", afirmó.
Ramos también relató que ya ha enfrentado dos juicios contravencionales, con multas millonarias y allanamientos en su contra. "Buscan que nos callemos, pero no lo van a lograr. Arman causas sin pruebas, es un bochorno", sentenció.
El caso reaviva el debate sobre la criminalización de la protesta en Jujuy, donde varios dirigentes sociales fueron imputados tras las manifestaciones contra la reforma constitucional impulsada por el gobierno provincial en 2023. A casi dos años de esos hechos, las causas no avanzan, pero las denuncias por persecución siguen acumulándose.