El decreto 641 de Axel Kicillof que no reconoce nada

Mientras el gobernador Axel Kicillof anuncia con bombos y platillos el decreto 641/2025 como un “hito en la valorización del empleo público”, los trabajadores del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNYA) denuncian una verdad mucho menos épica: la medida es una farsa burocrática que no reconoce ni mejora las condiciones de miles de profesionales que sostienen a diario las políticas públicas en las zonas más vulnerables del territorio bonaerense.

La norma establece la creación de la “Bonificación por título universitario de grado atinente a la función (BTU)” para empleados estatales que posean título universitario y estén formalmente incluidos en el agrupamiento profesional. Pero lo que en los papeles parece un paso hacia la dignificación del trabajo estatal, en la práctica se convierte en un laberinto kafkiano de trámites imposibles, vacantes fantasmas y engaños deliberados.

Una mentira más de este gobierno

Una profesional universitaria que trabaja en equipos técnicos de institutos penales lo explicó a este medio sin rodeos: “Te aceptan el trámite, lo mandan a GEDO, pero después te exigen que consigas vos misma a alguien de tu misma profesión que se jubile para ocupar su lugar. Y si no, tu expediente queda durmiendo el sueño eterno”. Es decir: el reconocimiento profesional depende de encontrar una vacante que el propio estado no gestiona. Y peor aún, el que debe salir a buscarla es el propio empleado.

En paralelo, trabajadores que llevan años ejerciendo funciones profesionales -firmando con matrícula, cargando con la responsabilidad de decisiones clínicas, legales o pedagógicas- siguen figurando en el agrupamiento técnico o administrativo. No cobran el plus, pero ponen el cuerpo todos los días en equipos devastados por la precarización y la falta de personal.

"Si todos los que estamos en esta situación dejáramos de firmar como profesionales, los equipos técnicos desaparecerían", advierten.

Promesas rotas y categorías de miseria

La indignación también alcanza a jóvenes empleados que habían sido nombrados como auxiliares o administrativos y presentaron toda la documentación con la esperanza de acceder a la BTU. “Les dijeron que iban a cobrar el 25 por ciento el mes pasado y así hasta llegar al 100 por ciento, pero lo hacen con categoría 5, la más baja del escalafón. Es una estafa salarial disfrazada de incentivo profesional”, denuncian desde el OPNyA.

Lo más grave es que el decreto 641 está bloqueado por normativa previa, que en los hechos impide aplicar lo que el propio gobierno promete. “Una mentira para calmar el desastre en que estamos y los sueldos de miseria que cobramos”, dicen.

Los nombres detrás del verso

El área depende del ministro Andrés “Cuervo” Larroque, y quien aparece como responsable directo de este limbo administrativo es Nicolás Carivenc y Lucas Benitez, director de Personal, hoy funcionando en la oficina ubicada en 9 entre 66 y 67.

Desde los pasillos del OPNyA y otros organismos estatales empieza a gestarse una rebelión silenciosa. “Nos duele porque hay muchos que estudiaron, que se formaron, que confiaron en que este gobierno les iba a dar una oportunidad real de crecimiento. Y otra vez, nos usaron para una foto y un titular”, concluyen. (www.REALPOLITIK.com.ar)