Plomo en Río Negro: La Corte le da la espalda a Nación

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso de queja presentado por la Secretaría de Minería y despejó el camino para que el expediente por la contaminación con plomo en San Antonio Oeste avance finalmente hacia una sentencia definitiva. El fallo del máximo tribunal representa un fuerte revés para el Estado Nacional y revalida la competencia federal en una causa que se ha convertido en emblema de la lucha socioambiental en la Patagonia.

Con esta decisión, la causa volverá al Juzgado Federal de Viedma, que deberá expedirse sobre el reclamo central de los vecinos: la remediación total de los suelos contaminados con plomo y metales pesados en las zonas de “La Estanciera” y “El Autódromo”, entre otras.

La demanda fue impulsada por la Multisectorial por la Problemática del Plomo en marzo de 2018, mediante una acción de amparo contra el Estado Nacional, para exigir el reinicio y finalización de las obras de limpieza que habían sido paralizadas. Si bien en un primer momento se otorgaron medidas cautelares, las tareas comenzaron recién en 2022 y de manera parcial.

El expediente vivió numerosos vaivenes judiciales. En 2022, el juez subrogante Hugo Greca rechazó el amparo alegando que la cuestión ya había sido tratada por la justicia provincial. Sin embargo, la Cámara Federal de General Roca revocó esa decisión y reafirmó la responsabilidad del Estado Nacional en el proceso, hecho que fue ratificado ahora por la Corte Suprema al rechazar los intentos de Nación por archivar la causa.

Desde la Multisectorial celebraron el fallo y advirtieron que la contaminación continúa representando un riesgo severo para la salud pública, especialmente para niños y niñas. A través de un comunicado, recordaron que durante los últimos años debieron resistir intentos de urbanización en terrenos contaminados, así como la explotación ilegal de una cantera dentro de la zona crítica.

“La limpieza total no es una promesa, es una urgencia sanitaria. Lo mínimo que exigimos es que se garantice el derecho a vivir en un ambiente sano”, señalaron. También remarcaron el respaldo del Ministerio Público Fiscal y de la Asesora de Menores e Incapaces, quienes han acompañado el reclamo vecinal.

La expectativa ahora recae en el Juzgado Federal de Viedma, que deberá dictar una sentencia de fondo que podría sentar precedente no solo en San Antonio Oeste, sino en todo el país, frente a la negligencia estatal en materia ambiental. (www.REALPOLITIK.com.ar)