18 de junio de 2025 | Interior
En medio de un escenario económico complejo, Jujuy continúa sin avanzar en un punto clave para el orden fiscal provincial: la sanción de una Ley de Coparticipación Municipal. Así lo confirmaron funcionarios provinciales y expertos tributarios en el marco de la segunda jornada del ciclo de conferencias sobre el Sistema de Coparticipación Federal de Impuestos, realizado en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNJu.
Durante el encuentro, el director ejecutivo de la Comisión Federal de Impuestos, Vicente Pollola, reiteró una verdad incómoda: Jujuy es la única provincia del país que aún no tiene ley de coparticipación. La afirmación, lejos de ser una simple anécdota técnica, expone un problema estructural que afecta directamente a los municipios del interior, que dependen de transferencias discrecionales sin una normativa clara, equitativa ni previsible.
“La ausencia de una ley impide garantizar una distribución justa, solidaria y transparente de los recursos”, advirtió Pollola, y agregó que, si bien existe una transferencia de fondos, no hay parámetros objetivos ni criterios de equidad que la regulen, lo que deja la asignación a merced de decisiones políticas.
Pese a que desde el propio gobierno provincial se había prometido que el proyecto ingresaría este año a la Legislatura, no hay fechas confirmadas ni señales concretas. “No hay un plazo, una urgencia puede ser”, se limitó a declarar el vicegobernador Alberto Bernis. Por su parte, el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, sostuvo: “Esperamos que esté este año”, sin brindar mayores precisiones.
La dilación genera malestar en varios intendentes y jefes comunales, especialmente en las localidades más postergadas, que reclaman un mecanismo de distribución de recursos más justo y autónomo. Sin una ley que defina criterios objetivos, los municipios quedan atados a la voluntad del poder central, lo que les resta capacidad de planificación y los obliga a gestionar en la incertidumbre.
Desde el ámbito académico, los especialistas remarcaron que, aunque la existencia de una ley no garantiza por sí sola la equidad, sí constituye un paso indispensable para consolidar un sistema de reparto más justo, donde se contemplen las asimetrías regionales, las necesidades de desarrollo y el acceso igualitario a servicios esenciales como salud, educación y obra pública.
La paradoja no es menor: mientras se debate a nivel nacional la necesidad de una nueva ley de coparticipación federal (vigente desde 1988), en Jujuy ni siquiera se ha dado el primer paso hacia una legislación propia. En palabras de Pollola, modificar un sistema de coparticipación “es como armar un cubo Rubik”, porque cualquier peso que gana una jurisdicción lo pierde otra. Pero en Jujuy ni siquiera hay cubo.
Mientras tanto, el tiempo corre, las promesas se acumulan y la desigualdad territorial se profundiza. En una provincia donde la distribución de recursos puede marcar la diferencia entre el desarrollo y el abandono, la postergación de esta ley se transforma en una deuda política, económica y moral. (www.REALPOLITIK.com.ar)