Denuncian a Javier Milei por incitación a la violencia y el uso de fondos públicos en su campaña

Una denuncia penal contra el presidente de la Nación, Javier Milei, lo acusa de incurrir en delitos que incluyen terrorismo de estado, apología del delito, amenazas y mal uso de fondos públicos. La causa se suma a la creciente polémica por los discursos agresivos y gastos millonarios en seguridad durante la campaña presidencial.

Santiago Sautel

En las últimas horas se presentó ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, invocando la ley de Víctimas (27.372) y la normativa PGN 10/09, en un escrito cargado de denuncias por presuntos delitos que van desde terrorismo de estado hasta abuso de poder, amenazas y apología del delito.

En el extenso escrito, Juan Ricardo Mussa solicita que se investigue penalmente al mandatario por violación del decreto 383/2025, al que considera violentado por Milei en el marco de sus recientes discursos públicos. Según el denunciante, el presidente habría incurrido en graves delitos al utilizar expresiones injuriosas y amenazantes contra el gobernador Axel Kicillof y el exministro de Economía, Martín Guzmán, a quienes llamó "pelotudo", "eunuco" y otras descalificaciones públicas, según consta en la denuncia, que cita textual fragmentos de una nota publicada por el diario Clarín.

Además, el denunciante solicita que la Justicia intime al presidente a presentar pruebas de sus acusaciones de "robo" contra Kicillof, Guzmán y Sergio Massa, y cuestiona el gasto de 70 millones de pesos en seguridad para un acto político reciente del mandatario, que incluyó una custodia de 1.200 gendarmes en sesenta vehículos.

Entre los delitos mencionados en la presentación figuran abuso de autoridad, amenazas, encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público, extorsión y sedición, entre otros. También se hace referencia a una supuesta "violencia inusitada" ejercida por Milei contra la sociedad argentina.

Finalmente, Mussa pide que se adopten medidas para impedir que el mandatario entorpezca la investigación, se autorice su participación como querellante y que se eleve el expediente al Congreso de la Nación Argentina para eventualmente iniciar un proceso de juicio político.

La denuncia, de trámite ante la Cámara Federal de La Plata, recayó en el expediente OAC 07 y menciona un amplio abanico de figuras delictivas cuya existencia deberá ser evaluada en sede judicial. (www.REALPOLITIK.com.ar)