Judicialización sin freno: El Sistema de Riesgos del Trabajo al borde del colapso tras 29 años de logros

El Sistema de Riesgos del Trabajo (SRT) cumple 29 años de funcionamiento ininterrumpido en Argentina, pero lo que debería ser una celebración de sus logros se ve ensombrecido por una crisis que podría poner en jaque su sostenibilidad: una judicialización descontrolada que, tan solo en el último año, generó demandas equivalentes a casi 7 millones de salarios mínimos.

Durante casi tres décadas, este sistema articulado entre empleadores, trabajadores, aseguradoras y el Estado demostró resultados contundentes: 19.000 vidas salvadas, una reducción del 55% en accidentes laborales y un 39% en la gravedad de los siniestros. Hoy, da cobertura a 10 millones de trabajadores y a un millón de empleadores.

Sin embargo, estas cifras positivas no han logrado frenar el avance de lo que desde la UART denominan “industria del juicio”. Solo en 2025, se estima que se superarán las 130.000 nuevas demandas, con la Provincia de Buenos Aires, CABA y Santa Fe concentrando el 73% del total.

“El sistema ofrece coberturas de primer nivel, pero la litigiosidad sigue escalando sin lógica ni fundamento”, alertó Mara Bettiol, presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.

Según datos oficiales, entre junio de 2024 y mayo de 2025 se iniciaron 126.700 juicios laborales, lo que representa un impacto económico cercano a los 6.891.653 salarios mínimos vitales y móviles. Este volumen, según especialistas, incrementa el “costo argentino”, erosionando la competitividad y la creación de empleo formal.

Un sistema bajo presión judicial

La UART identifica como factores clave de esta situación las pericias médicas judiciales infladas —que en promedio superan en 12,5 puntos el Baremo oficial— y las tasas de interés judicial que convierten a cada juicio en una atractiva especulación financiera.

A esto se suma la falta de implementación de los Cuerpos Médicos Forenses (CMF) establecidos por la Ley 27.348 desde 2017. Hoy, 17 provincias adheridas aún no han puesto en marcha estos organismos, entre ellas CABA. En consecuencia, las pericias se realizan sin estándares y con incentivos perversos, ya que los peritos cobran según el nivel de incapacidad que dictaminan.

En contraste, provincias como Salta y Río Negro, donde los CMF sí funcionan y dependen del poder judicial, registran índices de litigiosidad mucho más bajos.

El desafío de llegar a los 30 años sin quebrar

Con más de 290.000 juicios acumulados hasta fines de 2024, y el pronóstico de 130.000 nuevos casos para 2025, el sistema enfrenta su crisis más profunda desde su nacimiento. “No hay empresa ni sistema que resista semejante nivel de litigiosidad”, advirtió Bettiol.

Desde la UART llaman a un compromiso firme por parte del Poder Judicial para completar este entramado institucional. “Todos los actores han cumplido su parte. Solo resta que la Justicia haga lo propio para no poner en riesgo una política pública que ha demostrado funcionar”, concluyeron. (www.REALPOLITIK.com.ar)