7 de julio de 2025 | Provincia
En el corazón de un sistema diseñado para la reinserción social y la protección de los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley, las instituciones dependientes del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA), conducido políticamente por el ministro Andrés “Cuervo” Larroque, atraviesan una crisis silenciosa pero alarmante. La seguidilla de fugas de jóvenes internados en centros cerrados de la provincia de Buenos Aires refleja una combinación preocupante de desidia administrativa, falta de controles y errores operativos graves.
El episodio más reciente ocurrió el pasado jueves por la tarde, durante un traslado desde el instituto Aráoz Alfaro hacia el centro cerrado de Lomas de Zamora. Un joven de diecisiete años, identificado por su inicial “B", logró escapar tras amenazar con una tijera a la asistente responsable del traslado, Claudia Piñero (pareja de Daniel “Cámara Lenta” White, exdirectivo y responsable directo del anterior cierre del centro de Pablo Nogués). De acuerdo con el relato del chofer del vehículo, el menor tomó del cuello a la trabajadora y exigió su liberación. El conductor, priorizando la integridad física de su compañera, detuvo el móvil y abrió la puerta, permitiendo que el adolescente huyera. Al cierre de esta edición, el joven continúa prófugo y la trabajadora permanece en estado de shock.
El incidente expuso fallas elementales en los protocolos de seguridad. Según el reglamento interno, los adolescentes deben ser requisados exhaustivamente antes de ser trasladados. Además, en caso de llevar esposas al frente, deben permanecer sujetos a una cadena de seguridad anclada al piso del vehículo, mecanismo que evidentemente no fue aplicado en este caso.
Pero este no fue un hecho aislado. Apenas horas después, durante la madrugada del viernes, se registró una fuga masiva en el instituto Eva Perón, ubicado en el predio de Nueva Esperanza, en la ciudad de La Plata, donde operan otros siete dispositivos del OPNyA. A las 9.00, durante el recuento matutino, el personal advirtió la ausencia de ocho menores. La revisión de las cámaras de seguridad confirmó que el escape se había producido a las 3.40 de la madrugada. A pesar del hermetismo oficial, fuentes del sector admiten que la falla en los controles fue total.
Estas dos fugas consecutivas no hacen más que engrosar una larga lista de incidentes similares ocurridos en los últimos meses, que reflejan una profunda crisis en la estructura del sistema penal juvenil bonaerense. Lejos de tratarse de hechos excepcionales, las fugas se han vuelto parte del paisaje cotidiano dentro de los dispositivos cerrados, donde las condiciones edilicias precarias, la sobrecarga del personal y la falta de inversión confluyen en un escenario cada vez más insostenible.
El OPNyA, cuya función es la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, parece naufragar entre la improvisación y la desidia ante la total indiferencia del gobernador Axel Kicillof. Las fugas no sólo evidencian fallas en la custodia y tratamiento de los jóvenes, sino que también cuestionan de manera profunda la viabilidad del modelo actual de abordaje penal juvenil. En la práctica, el sistema que debía evitar el castigo como única respuesta estatal, hoy ni siquiera logra garantizar la seguridad de quienes alberga.
Frente a este panorama, voces del sector ya advierten que el sistema, tal como está concebido, podría estar llegando a su fin. La pregunta es si la dirigencia política, con Larroque a la cabeza, asumirá alguna vez el costo de una reforma integral o continuará dejando que la precariedad marque el destino de cientos de adolescentes. (www.REALPOLITIK.com.ar)