Ajuste, presiones y licitaciones a medida: El oscuro entramado del PAMI de Esteban Leguizamo

Bajo la administración de Esteban Leguizamo, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) avanza con una política de ajuste cada vez más agresiva, que impacta directamente sobre los prestadores y, por ende, sobre la calidad del servicio que reciben los adultos mayores.

A través de nuevas disposiciones y sin brindar plazos razonables para su implementación, el organismo comenzó a notificar a los prestadores sobre la obligación de documentar en tiempo real todas las prácticas ambulatorias, incluso las de baja complejidad, bajo amenaza de débito automático si no se cumplen los requisitos. El objetivo no parece ser garantizar la transparencia del sistema, sino encontrar excusas para recortar pagos y licuar las obligaciones económicas del instituto.

Prestadores bajo presión

La normativa oficializada bajo la disposición conjunta (EX-2021-101443835-INSSJP-GPM#INSSJP) exige que, desde el período prestacional de junio de 2025, todos los prestadores deberán adjuntar en formato PDF los resultados de los estudios de diagnóstico al momento de cargar las prácticas médicas en el sistema digital Orden Médica Electrónica (OME). La exigencia abarca múltiples especialidades, incluyendo oncología, neurología, cardiología, reumatología, ginecología, entre otras. Previamente a esto, durante los meses de febrero, marzo y abril debitaron directamente el 10 por ciento de la facturación sin previo aviso. 

La disposición fue firmada por los doctores Damián Panessa, actual gerente de prestaciones médicas sin antecedentes en auditoría, y Alejandro Wittenberg, titular de la Unidad Técnico Médica. Según denuncian prestadores consultados por este medio, las medidas se comunican sin margen de tiempo ni apoyo técnico, lo que vuelve imposible cumplir con los requisitos a tiempo y abre la puerta a recortes arbitrarios en sus pagos.

Negocios millonarios bajo sospecha

Mientras se imponen condiciones asfixiantes a quienes trabajan para garantizar la atención de los afiliados, en paralelo el PAMI avanza con licitaciones exprés por montos millonarios, como la reciente contratación por 4,5 millones de dólares para la provisión y entrega a domicilio de pañales descartables a cargo de la empresa Urbano Expres Argentina SA, que dirigen Enrique Seeber (presidente), Patricia Furlong (vicepresidente), Gabriel Maximiliano Nicolás Abitbol, Jorge Diego D’Antiochia y Guillermo Esteban Navarro (directores).

La operación, promovida desde la Unidad de Gestión Técnico Operativa por Damian Rodrigo González, se llevó a cabo en apenas seis días hábiles, con un solo oferente y un anticipo del 15 por ciento del presupuesto antes incluso de ejecutar el servicio. Todo el proceso fue validado por Leguizamo, quien no solo rubricó la licitación, sino que también fue parte de la implementación del nuevo protocolo de provisión de Higiénicos Absorbentes Descartables (HAD), formalizado bajo la disposición EX-2025-35966989-INSSJP-GPM#INSSJP.

Más burocracia, menos acceso

El nuevo sistema de provisión de HAD exige que los médicos carguen electrónicamente, sin errores y en tiempo récord, una extensa documentación clínica para que los jubilados accedan a un insumo básico. En caso de no cumplirse alguna de las condiciones –incluyendo historia clínica actualizada y detalles específicos del tipo de higiénico solicitado– la solicitud es rechazada.

Además, el sistema excluye directamente a los internados en prestadores de salud mental o alta complejidad, lo cual genera una enorme preocupación entre familiares, médicos y cuidadores. Todo esto mientras el organismo asegura que la medida “optimiza el uso de recursos” y “mejora la trazabilidad”, aunque en la práctica se traduce en obstáculos para acceder a derechos elementales.

El mismo Leguizamo publica en su cuenta de X (ex Twitter), la renovación de la aplicación “Mi PAMI” para los jubilados que muchas veces ni siquiera pueden acceder a un celular actualizado y, en caso de que puedan, no saben cómo utilizarlo. Pero además, lo que no dice, es que la nueva aplicación exige la utilización de un código token al momento de la consulta para que esta pueda ser validada y, como si esto fuera poco, el sistema funciona mal y los códigos no llegan. Esto genera que más de una vez el jubilado se tenga que volver a su casa sin poder ser atendido. En síntesis, todo parece estar pensado para bajar los costos del PAMI en desmedro de la calidad del servicio.

Una estrategia sistémica

Las recientes medidas no parecen casos aislados, sino parte de una estrategia deliberada: ahogar a los prestadores, ajustar los pagos mediante excusas burocráticas, evitar auditorías reales y, a la vez, aceitar un sistema de contrataciones direccionadas para proveedores afines. En otras palabras, un doble juego entre el ajuste y los negocios.

Mientras los funcionarios como Panessa, Wittenberg y González redactan resoluciones con firma conjunta, las condiciones sanitarias y administrativas para garantizar atención de calidad a los jubilados quedan en segundo plano.

Desde el PAMI no han emitido explicaciones públicas sobre las denuncias de prestadores ni las condiciones llamativas de la licitación millonaria. Mientras tanto, en el nombre del “reordenamiento administrativo” promovido por la gestión de Javier Milei, los adultos mayores siguen siendo los principales perjudicados de una estructura que, en lugar de asistirlos, parece diseñada para beneficiar a unos pocos. (www.REALPOLITIK.com.ar)