Inspectores de Tránsito en pie de guerra: Denuncian abandono y amenazas del municipio jujeño

La tensión entre el municipio capitalino y los inspectores de Tránsito no cede. Lejos de hallar respuestas concretas, los trabajadores decidieron profundizar su plan de lucha y extender las medidas de fuerza durante todo el fin de semana. El lunes, en una nueva asamblea, definirán si radicalizan el conflicto ante la falta de soluciones estructurales.

Entre los reclamos, el personal exige la entrega completa de indumentaria de trabajo, la renovación del parque automotor, mejoras en la infraestructura edilicia y el pago actualizado del adicional por tareas vinculadas al sistema Vía Parking.

El malestar estalló luego de una audiencia fallida con el Concejo Deliberante, en la que varios ediles minimizaron la situación. “La suba del adicional no la comparto”, lanzó el presidente del cuerpo, Lisandro Aguiar, mientras que el concejal Gastón Millón afirmó que "no vino nadie al Concejo", en declaraciones que generaron fuerte rechazo.

Pese a esas declaraciones, los trabajadores sí se reunieron con los concejales y más tarde realizaron una asamblea en el Edificio 9 de Julio, donde comunicaron los resultados del encuentro y decidieron continuar con la retención de tareas.

El delegado del SEOM, Rodolfo Julián, explicó: “Seguimos reclamando por la ropa, que llega incompleta; los baños están en condiciones precarias, con un solo inodoro para más de 50 compañeras, y el parque automotor no se renueva hace años. Sobre el Vía Parking, recibimos amenazas desde hace cinco años de que nos iban a quitar el adicional y crear un cuerpo paralelo. Eso sería tocarnos el bolsillo”.

Por su parte, el secretario gremial del SEOM, Eduardo Ruiz, detalló que las condiciones edilicias son deplorables en varios sectores del municipio: “Los matafuegos están vencidos, se recortaron las mudas de ropa, y mientras tanto el municipio ya recaudó más de 1.300 millones de pesos en seis meses con el sistema de estacionamiento tarifado”.

Desde el gremio recordaron que hubo un mes y medio de conciliación obligatoria, durante el cual se plantearon todos estos reclamos sin obtener soluciones reales. “Esta es una lucha legítima. No pueden tratarnos como enemigos ni ignorar nuestras condiciones laborales”, concluyeron.