Clausuran planta de Atanor en San Nicolás por contaminación con químicos prohibidos y metales pesados

La planta química de Atanor, ubicada en San Nicolás, fue clausurada de forma preventiva por orden de la Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires tras comprobarse que vertía efluentes industriales contaminantes sin autorización, violando múltiples normas ambientales. La medida se tomó luego de confirmarse, mediante análisis de laboratorio, la presencia de agrotóxicos prohibidos y metales pesados en el líquido descargado al Río Paraná.

El caso, que ya venía siendo denunciado por vecinos, por la organización Greenpeace Argentina y por la Asociación Civil Foro Medio Ambiental (FOMEA), se agravó al revelarse que los vertidos incluían glifosato, atrazina, clorpirifos, plomo, arsénico y fenoles, entre otras sustancias peligrosas. Muchas de ellas están prohibidas por orden judicial o superan ampliamente los límites legales establecidos por la Ley Nacional de Residuos Peligrosos Nº 24.051.

“Atanor afirmó que no hubo contaminación. Sin embargo, los análisis confirmaron lo contrario. Detectamos agroquímicos y metales pesados en el agua. Es una muestra más de lo que venimos denunciando hace años”, declaró Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace.

Además, las inspecciones oficiales demostraron que el sistema utilizado por la empresa para el vuelco de efluentes no contaba con autorización. Lejos de tratarse de un hecho aislado, según explicó Fabián Maggi, abogado de los vecinos, “se trató de una maniobra deliberada para desviar efluentes contaminantes por un ducto industrial camuflado como si se tratara de aguas pluviales”.

“Esto no es un accidente, es desobediencia judicial y contaminación dolosa. Exigimos consecuencias penales y administrativas. No puede haber más impunidad para esta empresa”, reclamó Maggi.

La resolución de ADA fue contundente: ordenó la clausura inmediata de la planta, el cegado del ducto industrial, la disposición segura del líquido contaminante a través de operadores habilitados, y la presentación urgente de un plan para desmantelar la planta de tratamiento y la laguna de contingencia.

Pese a la gravedad de los hechos, la empresa anunció que relocalizará su producción, aunque continuará utilizando el predio como centro logístico de distribución de productos elaborados en Pilar. Esta decisión fue duramente cuestionada por los denunciantes.

“Es inaceptable que en una zona clausurada por contaminación vayan a almacenar agrotóxicos. Frente a una escuela y un barrio densamente poblado, eso es directamente criminal”, sentenció Maggi.

Desde Greenpeace también advirtieron que el traslado de la planta no significa el fin del daño ambiental. “Se traslada el modelo de contaminación a otra localidad, mientras en San Nicolás queda un pasivo ambiental enorme sin remediar”, concluyó Rossi Serra. (www.REALPOLITIK.com.ar)