Denuncian violencia estatal y desalojos ilegales contra comunidades originarias en Jujuy

Una nueva ola de desalojos forzados y violentos volvió a encender las alarmas entre los pueblos originarios de Jujuy. Representantes de más de 30 comunidades indígenas llegaron este viernes a la capital provincial para presentar denuncias penales contra el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Fiscalía Federal y la Secretaría de Pueblos Indígenas, acusándolos de incumplimiento de deberes de funcionario público, tráfico de influencias y avasallamiento de derechos constitucionales.

Los reclamos se intensificaron tras el desalojo de la comunidad Cueva del Inca, en Tilcara, en un procedimiento que según testigos estuvo cargado de irregularidades. Este hecho se sumó a otros desalojos ocurridos en Finca El Pongo (Perico) y en la comunidad Cieneguilla, todos en una misma semana, y con fuerte presencia policial.

Carlos Chuychuy, representante de la comunidad Lumara de Abra Pampa, expresó: “Vinimos a denunciar que en Jujuy no hay justicia. Nos dicen que hay diálogo, pero el puente está roto hace tiempo. Esta vez vamos a la justicia federal porque acá nadie responde”. Según explicó, muchas comunidades siguen sin personería jurídica ni títulos comunitarios, a pesar de cumplir con todos los requisitos legales.

El caso de Griselda Ibáñez, de Finca El Pongo, expone la magnitud de los atropellos. “El martes llegaron más de 50 policías, acompañados por una funcionaria que ni se identificó, para tomar posesión de nuestras tierras. Nos dejan solo 2 hectáreas para más de 100 animales”, denunció. Cuando intentó hacer la denuncia en la comisaría local, nadie la atendió: “Todos estaban en mi casa participando del desalojo”.

La abogada Silvana Llanes, quien representa legalmente a las comunidades, encabezó la presentación judicial en la Unidad Fiscal Federal de Jujuy. “Estas comunidades vienen cumpliendo desde hace años con los requisitos establecidos por la Ley 26.160 y por el INAI. Sin embargo, siguen sin recibir el reconocimiento legal ni el relevamiento territorial correspondiente”, señaló.

Llanes remarcó que la denuncia se presentó en el fuero federal por tratarse de responsabilidades que involucran a organismos nacionales, como el RENACI, el registro oficial del INAI. “Estamos frente a un intento deliberado de despojar y adoctrinar a comunidades indígenas con violencia y sin respaldo jurídico. No lo vamos a permitir”, sentenció.

Las comunidades advierten que estos hechos no son aislados, sino parte de una política sistemática de exclusión y represión. Mientras tanto, exigen respuestas concretas y la intervención urgente del Estado nacional. (www.REALPOLITIK.com.ar)