20 de julio de 2025 | Nacionales
"El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria pierde su autonomía y su capacidad de autarquía. A partir del 8 de julio, por decreto, pasamos a depender directamente de la Secretaría de Agricultura como una oficina más", explicó Gustavo Tito. Hasta ahora, el organismo contaba con una conducción colegiada, representación de los productores, financiamiento propio e independencia operativa. “Todo eso se eliminó de la noche a la mañana”, lamentó.
Además, advirtió que “se disolvió la estación experimental del área metropolitana de Buenos Aires, que abarcaba 40 municipios del AMBA”, y que también se busca eliminar el concepto de “agricultura familiar” del organigrama institucional, una categoría que, según remarcó, representa a la mayoría de los productores del país en número.
El especialista subrayó que el INTA no solo produce tecnología para el agro, sino que también lleva adelante tareas de extensión, es decir, traslada directamente al territorio los desarrollos tecnológicos y recoge las necesidades del sector. “Eso le da una sinergia muy particular que otros países no tienen. Nosotros llegamos a los lugares más remotos, trabajamos en el Delta en lancha, en la Antártida, en las cárceles, en barrios populares”, enumeró.
Para Tito, estos cambios conllevan consecuencias profundas: “Vamos a perder contacto con el territorio y riesgo de transformarnos en meros validadores de tecnologías extranjeras. Esto implica dejar de producir conocimiento propio para depender de lo que dicten las multinacionales”.
Respecto al impacto sobre los pequeños productores, fue contundente: “Los más perjudicados van a ser los agricultores familiares, que no pueden pagar técnicos privados y dependen de las políticas públicas para sostener su actividad. Muchos de ellos producen los alimentos que llegan a la mesa de los argentinos”.
Consultado sobre una posible lógica detrás de la reforma, el técnico aseguró que no se explicitó ninguna razón sólida: “Hablan de ñoquis, de gasto público, pero el INTA se autofinancia en buena parte y genera valor. No tiene sentido destruir una institución que da buenas noticias, que genera desarrollo territorial y que colabora con gobiernos, universidades y organismos internacionales”.
Finalmente, comentó que se están evaluando acciones legales contra el decreto y que ya hay movilizaciones y presentaciones ante legisladores. “Estamos en una situación de incertidumbre total. Lo peor de todo es que destruir esta estructura lleva un minuto, pero reconstruirla puede costar décadas”, concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)