Instituto Almafuerte: Cambios en la dirección y un escandaloso festival de horas extras

Pese a los recambios en su conducción, el instituto Almafuerte, dependiente del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA) —a su vez bajo la órbita del ministro Andrés “Cuervo” Larroque—, continúa envuelto en graves irregularidades administrativas y denuncias por malversación de fondos públicos.

En mayo de este año, las autoridades provinciales desplazaron a Alejandro Robledo de la dirección del instituto ubicado en La Plata. Su reemplazo fue asumido por Julio Trepó, junto a Hugo Mansi como segundo al mando, ambos asistentes de minoridad con vínculos directos con Martín Pérez González, director de Institutos Penales de la provincia. La remoción de Robledo se justificó, entre otras razones, por presuntas irregularidades en la liquidación de horas extras, que habrían derivado en un esquema de recaudación paralela de varios millones de pesos mensuales. Sin embargo, los hechos posteriores dejan en evidencia que el problema va más allá de los nombres.

Según la documentación oficial filtrada a la redacción de REALPOLITIK, en la primera liquidación bajo la gestión de Trepó, correspondiente al mes de junio, el instituto Almafuerte recibió la exorbitante suma de 17.130.135,03 pesos exclusivamente en concepto de horas extras. Una cifra que, aunque resulte increíble, se repite en otros institutos provinciales como el Aráoz Alfaro, el Leopoldo Lugones (Azul), Virrey del Pino (La Matanza) y los centros de Lomas de Zamora y Pablo Nogués.

Este último caso es particularmente alarmante: el centro cerrado de Pablo Nogués, donde en 2023 se produjo el motín más grave en la historia reciente del sistema de responsabilidad penal juvenil en la provincia, actualmente maneja un presupuesto mensual para horas extras superior a los 23,5 millones. Una suma que no se traduce en mejoras sustantivas en infraestructura, condiciones de reclusión o seguridad para el personal.

En el caso de Almafuerte, las planillas revelan que en el segundo lugar del reparto figura Matías Alarcón, flamante administrador del instituto, quien asumió en lugar de la esposa de Robledo. Alarcón cobró en junio más de un millón de pesos en horas extras, a los que se le suman 150 mil pesos adicionales liquidados en una planilla paralela (la Nro. 7), correspondiente a los cargos jerárquicos internos. El segundo en la lista es Manuel Cáceres, ayudante de ropería, con casi 800 mil pesos. Llama también la atención la presencia de Claudio Robledo, hermano del exdirector desplazado, quien figura en otra planilla con un monto cercano al millón de pesos.

A esto debe añadirse que todos estos empleados perciben también su salario habitual, correspondiente a un régimen horario de 48 horas semanales, organizadas en guardias de 24 por 72. Es decir, horas extras sobre sueldos ya elevados.

Las planillas también evidencian un patrón preocupante: la mayor cantidad de horas extras se liquida durante los fines de semana, cuando el personal es menor y la carga operativa más liviana. “Trabajamos con diez u once asistentes por guardia porque dicen que no hay plata para pagar extras. Pero después aparece toda esta plata, que no sabemos dónde termina”, denunció un trabajador del instituto. “Y si uno mira con atención, hay muchos empleados cobrando horas los sábados y domingos, cuando menos gente trabaja. Justo cuando se paga el doble”.

Mientras tanto, el instituto atraviesa situaciones cada vez más alarmantes. Solo en el mes de julio, el día 11 se radicó una denuncia penal por posesión de marihuana por parte de uno de los internos. Y el martes 22, el personal se vio obligado a desalojar por completo el pabellón de conducta tras una denuncia interna que permitió el hallazgo de dos facas de medio metro listas para ser utilizadas.

Todo cambia para que nada cambie. Pese a los relevos en la conducción, en el Almafuerte —como en el resto del sistema— sigue reinando el mismo modelo: un uso discrecional de los recursos públicos, escasa presencia del estado, inseguridad dentro de los pabellones y un sistema de favores que, lejos de garantizar derechos, profundiza el deterioro de las condiciones de vida y trabajo en el sistema penal juvenil de la provincia de Buenos Aires. (www.REALPOLITIK.com.ar)