Tras su intervención, ENACOM adjudicó 4.348 millones de pesos a dos empresas gemelas

Mientras la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) justificaba la paralización de todo el esquema de subsidios y programas por supuestas irregularidades de la gestión anterior, una serie de documentos oficiales a los que tuvo acceso este medio revelan que más de 4.300 millones de pesos fueron adjudicados a dos empresas directamente vinculadas entre sí. Las firmas compartían domicilio, vínculos societarios y, llamativamente, fueron las únicas beneficiadas por el organismo que hoy conduce Juan Martín Ozores.

Una vez más, el discurso de transparencia que pregona Javier Milei choca de frente con la práctica.

Una intervención con excusa legal y objetivos opacos

Mediante el decreto 89/2024, prorrogado por el 675/2024, el poder ejecutivo nacional ordenó la intervención del ENACOM. Hasta entonces, el organismo funcionaba como un directorio colegiado, bajo las normas de las leyes 26.522 (Servicios de Comunicación Audiovisual) y 27.078 (Argentina Digital), y del decreto 267/2015.

Entre los argumentos que justificaron esta decisión, se alegaron decisiones irregulares desde diciembre de 2020, conflictos judiciales derivados y la necesidad de redefinir el alcance de programas como el Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) y el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA).

La consecuencia fue inmediata: suspensión total de convocatorias, rendiciones y adjudicaciones en los programas citados, bajo la figura de Aportes No Reembolsables (ANR).

Un reparto millonario a medida

Sin embargo, en noviembre de 2024 y junio de 2025, la empresa Infracom SA recibió tres adjudicaciones por un total de 2.223.034.747 pesos, siendo la única beneficiaria de los ANR durante ese período.

Los detalles de las adjudicaciones corresponden a la empresa Infracom SA, con domicilio formal en Alicia Moreau de Justo 1178, piso 3, oficina 306 (CABA). Sus socios declarados son Flavio Norberto Antúnez, Rodolfo Martín Perner Laborde, Natalia Vanina Penna y Roberto Patricio Boughen (F).

Resoluciones adjudicadas:

- RESO 916/25: 919.659.659 (465,23 por ciento de adecuación)

- RESO 917/25: 1.136.757.829 (465,16 por ciento de adecuación)

- RESO 1136/24: 166.617.259 (398 por ciento de adecuación)

Una empresa gemela en el mismo edificio

Pero la historia no termina ahí. Otra firma, CelCargas SA, fue beneficiaria en julio de 2025 con dos resoluciones por un total de 2.125.005.858. ¿Coincidencia? No lo parece. CelCargas SA comparte la misma dirección que Infracom SA y una misma socia: Natalia Vanina Penna.

Resoluciones:

RESO 948/25: 1.018.112.693 (465,12 por ciento de adecuación)

RESO 949/25: 1.106.893.165 (465,15 por ciento de adecuación)

El total: una cifra que alarma

Entre ambas empresas, que comparten domicilio y vínculos societarios, el ENACOM entregó en poco más de un año 4.348.040.605 pesos. En ese mismo período, no se adjudicó ni un solo peso a otros proyectos, ni del FOMECA ni del FFSU.

¿Qué motivó esta concentración? ¿Cuáles fueron las “urgencias” que justificaron esta concentración de recursos? ¿Por qué se adjudicó a una sola empresa mientras el resto del sistema permanecía paralizado? ¿Por qué se autorizaron adecuaciones de precios superiores al 465 por ciento, sin justificación técnica conocida? ¿Qué criterios de transparencia se están utilizando?

Además, se destaca que la página web de Infracom SA aún figura "En construcción", a pesar de haber recibido licencias por resoluciones oficiales (20/2015, 135/2007 y 114/2020).

La página de Infracom, en construcción.

Una historia con antecedentes

La situación no es nueva. La propia empresa Infracom Olavarría SA había sido adjudicataria de otros ANR durante la gestión de Claudio Ambrosini, lo que sugiere una continuidad de vínculos con el organismo.

Incluso, en mayo de 2025, se amplió el presupuesto del FFSU mediante la resolución 735/2025, publicada en el BO 35669. Apenas quince días después, Infracom Olavarría SA fue la beneficiaria directa mediante adecuación. Todo en tiempo récord, cuando normalmente estos procesos demoran años.

Transparencia en jaque

A pesar de la disolución formal del Fondo Fiduciario en junio de 2025 (decreto 6/2025), la ley 27.078 sigue vigente, lo que obliga al ENACOM a administrar esos recursos con criterios de legalidad, equidad y publicidad.

El secretismo en las decisiones, la ausencia de convocatorias abiertas y la discrecionalidad absoluta en los desembolsos apuntan a un esquema de favoritismo institucional que exige explicaciones urgentes por parte de las autoridades actuales.

El ENACOM intervenido no eliminó los denunciados vicios de la gestión anterior, sino que los concentró en una estructura cerrada, opaca y favorable a pocos. Mientras miles de medios comunitarios, pymes tecnológicas y cooperativas aguardan respuestas desde hace años, el dinero público fluye con agilidad hacia dos empresas amigas con vínculos cruzados.

En la Argentina que clama por transparencia, la conducción de Juan Martín Ozores en ENACOM tiene mucho que explicar. (www.REALPOLITIK.com.ar)