PAMI: Sociedades privadas, vínculos políticos y antecedentes judiciales

Una red de influencias políticas, negocios privados y designaciones estratégicas atraviesa al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). Al frente de esta compleja maquinaria, aparecen nombres conocidos en la política y la salud pública: Esteban Leguizamo, actual director Ejecutivo del organismo; Carlos Rojo, histórico operador del peronismo sanitario; y el contador Pedro Miguel Insausti, recientemente ascendido como coordinador Ejecutivo de la secretaría General de Administración.

Los tres comparten algo más que el destino burocrático del organismo más importante del país para la tercera edad: también figuran como socios en empresas privadas activas en el rubro salud y la construcción según consta en boletines oficiales. La cercanía entre lo público y lo privado, los vínculos partidarios y las investigaciones judiciales que los rodean despiertan dudas cada vez más inquietantes.

El dinero público, la política y La Cámpora

No es la primera vez que el nombre de Esteban Ernesto Leguizamo aparece en la mira. En un pasado cercano, durante la gestión de Luana Volnovich, fue investigado por desvío de fondos oficiales a centros de jubiliados en 2022 en forma previa a la campaña de Leandro Santoro como jefe de Gobierno porteño, cuando Leguizamo ocupaba el cargo de director Ejecutivo de la delegación de PAMI Capital con el pretexto de subsidiar centros de jubilados durante la epidemia de COVID-19 pero llamaba la atención que seis de los nueve centros que supuestamente recibieron el subsidio fueron creados después de que pasara el período de aislamiento de la pandemia. Nada de esto es extraño si tenemos en cuenta que Claudia Negri, vicedecana de la facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) bajo el paraguas de Carlos Rojo, ocupó el segundo lugar en CABA en la lista de Santoro en las últimas elecciones legislativas cuyo acto de cierre se realizó, casualmente, en el aula magna de dicha casa de estudios. 

Carlos Rojo.

Esta desviación de fondos pasó a formar parte de los 16.000 millones que según la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) despilfarró el PAMI en el último año de gestión de Alberto Fernández y cuyo informe le costó el puesto a su titular Miguel Blanco. Quizá por haber denunciado un monto tan insignificante, ya que el organismo maneja un presupuesto de 5 billones de pesos anuales. 

La citación a declaración indagatoria de Leguizamo fue firmada por el juez Julián Ercolini, en una causa que nació con la denuncia de Graciela Ocaña y fue impulsada por el fiscal Guillermo Marijuan. 

La maniobra fue similar a la que investigara la jueza Alicia Vence, del juzgado Federal Nro. 2 de Morón, respecto delegación XXIX del PAMI de la misma localidad, donde se desviaron fondos para financiar centros de jubilados inexistentes de La Cámpora en Hurlingham. Luego se supo que ese dinero sirvió para la campaña del actual intendente, Damián Selci. 

Santiago Caputo, el hombre detrás del nombramiento

A pesar de estos antecedentes, luego del cambio de gobierno y la asunción de Javier Milei, Leguizamo fue designado como titular del PAMI. El responsable directo de esa elección fue Santiago Caputo, asesor clave del presidente y considerado por muchos el verdadero "cerebro" del gobierno. Pero las conexiones van más atrás: el nexo entre Leguizamo y Caputo habría sido Carlos Rojo, figura fundamental del entramado sanitario peronista y actual titular de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego Caputo también sería beneficiado con fondos del PAMI en una operación de locación de un inmueble ubicado en Reconquista 46, con un contrato de 2 millones de dólares, que supuestamente sería para la entidad pero funcionó como un local de Las Fuerzas del Cielo durante la campaña de Manuel Adorni. El contrato fue firmado por Leguizamo por un monto mensual de 65 millones de pesos. 

En ese marco, Rojo es un histórico operador dentro de la facultad de Medicina, donde además trabajan dos de sus hijos con cargos jerárquicos y también del gremio médico porteño. Fue titular del PAMI entre 2005 y 2012, nombrado por Néstor Kirchner, y supo consolidar su influencia tanto en el sistema de salud como en el mundo universitario, en alianza con Emiliano Yacobitti, diputado de Evolución Radical. Esta sociedad entre Medicina y Económicas logró definir la conducción de la UBA en las últimas décadas.

Todo esto expone una mentira flagrante: quienes decían que venían a sacar a la casta política de las instituciones en el caso del PAMI, no hicieron otra cosa que someterse y/o asociarse a los designios de la conducción peronista que lo dirige desde hace más de veinticinco años con asociaciones ilícitas y negocios fraudulentos.  

Esteban Leguizamo encabezando un encuentro en la sede del PAMI.

Antecedentes comprometedores: empresas privadas compartidas

La investigación accedió a dos boletines oficiales que revelan la constitución de sociedades comerciales entre funcionarios actuales del PAMI:

1) Pharma Health SRL (Boletín Oficial del 6/7/2017): Empresa que posee dos farmacias donde Esteban Leguizamo figura como gerente.

2) TPP SA (Boletín Oficial del 17/12/2014): Empresa Inmobiliaria y constructora donde Esteban Leguizamo asume como presidente de la firma, mientras Carlos Rojo figura como suplente y Pedro Miguel Insausti como secretario (según escritura de Gerson César Gonsales).

Ambas firmas están vinculadas al rubro salud, construcción, administración de inmuebles y subdivisión de tierras, según consta en los registros oficiales.

El ascenso de Pedro Insausti: Del boletín a la interna

En el boletín institucional de PAMI del 22 de diciembre de 2023 (resolución 2023-2030), se oficializó la designación de Pedro Miguel Insausti (CUIT 20-16147864-5) como coordinador Ejecutivo de la secretaría General de Administración del PAMI. Es decir, uno de los cargos más estratégicos en la estructura administrativa del instituto. El mismo Insausti había figurado en TPP SA como secretario del directorio, en sociedad con Leguizamo y Rojo.

A la derecha, Pedro Miguel Insausti.

La designación, firmada por el entonces director del PAMI, Esteban Leguizamo, deja en evidencia un circuito de autodesignación entre socios privados en empresas del rubro salud, ahora con cargos de decisión sobre licitaciones, contrataciones y recursos públicos.

Efectos colaterales: la herencia Di Cesare

El historial de manejos dudosos en el PAMI no es nuevo. El ex titular del organismo, Luciano Di Cesare, devolvió recientemente más de 88 millones de pesos para evitar un juicio oral por el cobro irregular de vacaciones no tomadas durante los años del kirchnerismo. El dinero fue transferido en marzo de 2024, aunque la causa judicial sigue abierta.

Fuentes cercanas al PAMI aseguran que cuando Carlos Rojo dejó la conducción del organismo, fue Esteban Leguizamo su principal operador de contratos y designaciones, lo que refuerza la idea de una continuidad en los negocios dentro del ente que todavía podría complicar aún más los antecedentes penales de Leguizamo.

La red que une a Leguizamo, Rojo e Insausti excede lo partidario. Es una estructura que se retroalimenta entre lo público y lo privado, con vínculos en la política nacional, la UBA, gremios médicos y empresas del sector salud. A través de alianzas entre el radicalismo y el peronismo universitario, esta trama consolidó una hegemonía en el poder real del PAMI, que hoy se mantiene, más allá de los cambios de gobierno.

¿Quién gobierna el PAMI?

La pregunta que atraviesa toda esta historia es: ¿Quién gobierna realmente el PAMI? ¿Esteban Leguizamo, designado formalmente? ¿Carlos Rojo, el operador de las sombras con terminales en todos los gobiernos? ¿O Santiago Caputo, el estratega que colocó piezas para mantener aceitado el engranaje?

A la espera de lo que defina la Justicia, los vínculos societarios entre los actores clave del PAMI, la desviación de fondos públicos y las designaciones a dedo en puestos de jerárquicos, dejan en evidencia un patrón de corrupción estructural que debería ser investigado en profundidad por los organismos de control como la SIGEN, dependiente del poder ejecutivo y la Auditoría General de la Nación (AGN), cuyo director es designado por la Suprema Corte de Justicia. (www.REALPOLITIK.com.ar)