Un joven al borde de la muerte rogó ayuda y el gobierno de Axel Kicillof le pidió que espere tres meses

En la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Axel Kicillof suele exhibir un discurso de sensibilidad social, un caso pone en evidencia el abismo entre las palabras y los hechos. Se trata de Héctor Santiago Gabriel Luna Torres, un joven de Mar del Plata con un cuadro médico terminal que lucha por sobrevivir en medio de la indiferencia estatal.

Santiago –o “San”, como lo llama su madre, Miriam Julieta Torres– padece mielo-hidrocefalia con difusión valvular, epilepsia refractaria, ACV isquémico con pérdida de audición y cataratas, anemia aplásica medular, escoliosis, espina bífida, insuficiencia respiratoria crónica-degenerativa con apnea obstructiva, y fue sometido a un trasplante renal, siendo su propia madre la donante. Entró 73 veces al quirófano. Su estado lo mantiene al borde de la muerte cada segundo, dependiendo de medicación, equipamiento, alimentación especial y cuidados permanentes.

Pese a que la situación médica de Santiago es de urgencia extrema, la respuesta del estado provincial ha sido una burla. La madre, desesperada, se acercó al Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) y a todos los organismos posibles, sin recibir ayuda concreta.

En el gobierno nacional nadie respondió. En la provincia, el abogado Lucas Bianco, que tomó el caso para evitar que Julieta tuviera que iniciar una denuncia penal por abandono de persona contra el gobernador, elevó una nota a Kicillof el 10 de julio de 2025, solicitando asistencia urgente. La respuesta fue la promesa de un subsidio por única vez de 250 mil pesos, que podría tardar hasta tres meses en efectivizarse.

Tres meses para una familia que vive día a día con un hijo conectado a oxígeno, electrodependiente, y que necesita medicación que no siempre puede costear. Hace apenas días, amigos y conocidos de la madre tuvieron que recaudar 60 mil pesos por redes sociales para comprar un remedio que cuesta poco más de 40 mil, mientras otros gastos básicos como el traslado en Uber para las internaciones, la alimentación y los insumos de higiene siguen sin cobertura.

La declaración jurada de solicitud de subsidio, fechada el 22 de julio de 2025, detalla que la familia vive con apenas 90 mil pesos mensuales, y que el dinero requerido se destinaría a alimentos y artículos de primera necesidad. Ni siquiera se habla aquí de afrontar costos médicos complejos, sino de garantizar la subsistencia.

Abandono de persona

El abogado Bianco fue tajante: “Si se muere el chico, serán responsables de abandono de persona”. Y no es exageración. La ley argentina y los tratados internacionales de derechos humanos obligan al estado a garantizar la atención y la vida digna de personas con discapacidad y enfermedades terminales. Lo que ocurre aquí es lisa y llanamente una violación de esas obligaciones.

Mientras tanto, Julieta cuenta que muchas veces no come para poder pagar el alquiler, o que debe recorrer largos kilómetros empujando una silla de ruedas. El gobierno de Kicillof, que en otros casos ha sabido disponer de partidas millonarias con agilidad, en esta ocasión se esconde detrás de una ayuda simbólica, insuficiente y lenta, que no contempla la naturaleza inmediata de la necesidad.

El caso de Santiago no es aislado. Como admitió una fuente con diecisiete años de experiencia en áreas de Desarrollo Social, “como este hay un millón de personas que se están muriendo y la gente no se entera. La diferencia es que aquí conocemos el nombre, la cara y la historia”.

En una provincia que se precia de “estar presente”, el caso de Santiago Luna Torres desnuda la peor cara de la gestión Kicillof: la que mide la asistencia en términos de amiguismos y negocios, cuando lo único que debería importar es salvar una vida. (www.REALPOLITIK.com.ar)