12 de agosto de 2025 | Judiciales
La Justicia Federal recibió en las últimas horas una denuncia de extrema gravedad contra el presidente de la Nación, Javier Milei, por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, entre ellos genocidio. La presentación fue efectuada por Juan Ricardo Mussa y quedó registrada bajo el expediente CFP 3273/2025, sorteado al juzgado Federal Nro. 9.
Según consta en el escrito, el denunciante se ampara en la ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Víctimas y en la ley 27.360 de Protección de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores para formular su acusación. Entre los delitos mencionados figuran genocidio, premeditación, alevosía, terrorismo de estado, incitación a la violencia, sedición, amenazas, extorsión, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de poder, entre otros previstos en el Código Penal.
El denunciante sostiene que desde la asunción de Milei, en diciembre de 2023, se produjo un “genocidio” en el país como consecuencia de políticas que —según su planteo— habrían incrementado de manera drástica la tasa de mortalidad. En su presentación, cita cifras que atribuye al año 2024, donde afirma que las muertes ascendieron a 598.817 personas, lo que representaría un aumento de más de 249 mil fallecimientos respecto al año anterior, llevando la tasa de mortalidad al 13,2 por ciento, el valor más alto en medio siglo.
Mussa apunta, entre otros hechos, a la ausencia de un presupuesto nacional, la presunta utilización discrecional de recursos del estado para obtener apoyo político, la quita de medicamentos a jubilados y enfermos oncológicos, y la falta de asistencia a personas con discapacidad. Califica estas acciones como “asesinatos” y atribuye responsabilidad directa al presidente.
En el petitorio, el denunciante solicita ser admitido como querellante, la adopción de medidas para evitar que el imputado obstaculice la investigación, y la remisión del expediente al Congreso de la Nación Argentina para impulsar un eventual juicio político. Además, pide que se tomen declaraciones testimoniales a autoridades de decenas de hospitales e instituciones de salud pública de todo el país, a fin de respaldar sus afirmaciones.
La presentación ya fue remitida al juzgado Federal Nro. 9, que deberá determinar la viabilidad de la investigación y los pasos a seguir. (www.REALPOLITIK.com.ar)