La Masacre de Trelew de 1972 y la dispar administración de Justicia

Así se la reconoce por el fusilamiento de diecinueve presos políticos encarcelados, del cual resultaron dieciséis asesinatos, por parte de militares, en funciones, pertenecientes a la marina argentina. Se trataba de diecinueve presos alojados en la cárcel, capturados luego de un intento de fuga, ametrallados por marinos comandados por el entonces capitán de corbeta Luis Emilio Sosa y por el teniente Roberto Bravo, entre otros militares.

Se inicia con un procedimiento de fuga por parte de presos políticos, militantes de diversas organizaciones, que lograron escapar del penal en donde se encontraban detenidos. Debe recordarse que por desinteligencias operacionales, un grupo de los fugados logró alcanzar un vuelo de la línea Austral y destinarlo a Chile y el otro arribó al aeropuerto sin tener posibilidades de continuar con su intento de escape.

Así las cosas, el juez federal Alejandro Godoy parlamentó con los presos políticos y acordaron que, el juez les garantizaba su seguridad personal y se procedería a una revisión médica de los mismos y que en consecuencia depondrían las armas procediéndose a llevarlos a un centro penitenciario provincial. El juez federal garantizaría con su presencia el traslado y ubicación de los reclusos con plena garantía de preservarse su integridad y vida.

Así las cosas, al momento de subir al transporte, respectivo personal de la marina impide al juez ascender y cumplir con lo acordado aduciendo que desde el ministerio del Interior, en ese entonces a cargo del Arturo Mor Roig, se había intervenido su juzgado y por lo tanto había sido destituido y sin facultades para cumplir lo acordado. De tal modo, son trasladados a la base aeronaval en donde luego serían fusilados por el personal perteneciente a la marina.

Los hechos sucedieron en la madrugada del 22 de agosto de 1972 en la base aeronaval Almirante Zar, sometida a la Armada Argentina, vecina a la ciudad de Trelew, provincia del Chubut.

A mi modesto entender, y por una cuestión meramente generacional, fue el caso paradigmático de la violación a los derechos humanos desde el aparato represivo estatal en épocas de dictaduras cívico militares. Debo también destacar que la icónica fotografía que ilustra esta nota y que recorrió el mundo, fue tomada por Emilser Pereira, fotógrafo del diario Jornada de Trelew, hasta que se lo condenó al destierro. Muchos lo recuerdan como “el hombre que sacó la foto que no los dejó morir”.

Sobre esa foto y los jóvenes rendidos en el aeropuerto, Osvaldo Bayer dijo: “Se los ve expectantes. Entre la vida y la muerte. Tienen un rasgo de nobleza que los marinos de guerra pagarán con falsa moneda. De los dieciséis jóvenes asesinados en forma tan vil, queda esa última foto”. La ultima. La de hierro. La de Emilser.

Años antes  sucedía el asesinato del general Juan José Valle, del coronel Oscar Cogorno y los fusilamientos de junio de 1956 -todos ellos en nombre de la “libertad”-, o los múltiples consumados a partir de 1976.

Pasaron cincuenta y tres años del suceso que motiva esta nota y la mayoría de los autores de tan brutal hecho condenados han podido gozar de libertad.

Digamos, por caso, que el capitán Sosa, fue “destinado” como agregado naval a Estados Unidos a poco de ocurridos los hechos, al igual que Bravo

A partir de la derogación y nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y gracias al accionar del juez Ricardo Sastre, que evitó la prescripción de la causa, el capitán Sosa fue detenido y llevado al juez natural, al igual que el resto de los inculpados.

Permanece prófugo Roberto Guillermo Bravo, un ex militar requerido en marzo de 2010 a Estados Unidos, en donde permanece, ahora en libertad, a la espera del trámite de extradición. No obstante, el  2 de julio de 2022 fue encontrado culpable en un juicio por jurados y condenado a pagar una indemnización de 24 millones de dólares. Tengo para mí que el objetivo de dicho juicio era instar a la extradición, pero tengo la íntima convicción que dicha acción se encuentra paralizada.

A pesar de la inicial detención, todos los inculpados aguardaron su juzgamiento excarcelados, pese a que algunos de ellos estuvieron prófugos de la justicia a partir de 2004. Y en el caso de Sosa y Bravo, de hecho, a partir de 1972.

Así las cosas, en su momento y por unanimidad, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia decidió que los cinco acusados por la Masacre de Trelew quedaran libres. De este modo, Luis Emilio Sosa, Carlos Amadeo Marandino, Emilio Jorge Del Real, Rubén Norberto Paccagnini y Jorge Enrique Bautista no fueron a la cárcel y siguieron los procesos excarcelados.

En octubre de 2012, una multitud respetó el silencio pedido por el presidente del TOF, Enrique Guanziroli, al iniciar la lectura del veredicto, silbó en protesta de las absoluciones de Rubén Paccagnini y Jorge Bautista y festejó con aplausos, llantos y de pie al grito de “asesinos” las condenas a prisión perpetua e inhabilitación absoluta de Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino.

Lo cierto es que luego de esa histórica sentencia -aguardada durante cuarenta años- ninguno de los responsables de tan atroz asesinato cumple su condena en la cárcel. Por motivos diversos -la mayoría por tratarse de “viejitos”- obtuvieron morigerar su condena y gozan de los beneficios que los jueces responsables de su ejecución les otorgaron.

Digamos también que el capitán Sosa no cumplió ni un día de condena y murió en su casa, junto a sus familiares pese a su condena a prisión perpetua.

La realidad es que esos y otros “viejitos” son tan peligrosos como antes.

Las manifestaciones del ex comisario Miguel Etchecolatz, con motivo del juicio de “La Cacha” (“No sé a cuántos maté y lo volvería a hacer”), o del represor Jorge Capitán, que gozaba de libertad y que denunciado por el diario Tiempo Argentino  habilitó la revocación de ese irritante beneficio (“No me arrepiento de nada”, había dicho) es una prueba irrefutable de ello. Por solo citar dos casos y sin reseñar los múltiples y constantes casos de violación -cuando no la actitud burlona- de dicha franquicia.

Lo expresado por Bravo en su propio juicio (les vacié el cargador…) es otra prueba más de su arrogancia.

La mayoría de los condenados en los juicios de lesa humanidad han obtenido morigeración de sus penas y gozan de prisión domiciliaria, sin ningún tipo de limitaciones ni control. Algunos como el caso del también condenado Smart goza del hermoso paisaje en la localidad de El Bolsón y se le toleran salidas saludables. Y entre los que permanecen presos en condiciones de sorprendente comodidad, uno de ellos hace poco realizó un festejo rodeados de decenas de personas en una fiesta amenizada por un cantante y ex senador nacional.

Como contrapartida, últimamente una jueza federal mantuvo detenida en una cárcel de máxima seguridad a una militante, llamada Alesia Abaigar, por haber tirado “caca” cerca del domicilio de un dirigente político. Mientras ello ocurre, el “Ángel de la Muerte”, Robledo Puch, permanece en la cárcel desde hace casi cincuenta años, cumpliendo una justa condena por la comisión de once homicidios, diecisiete robos y dos casos de abuso deshonesto. 

Las prisiones decretadas en otros resonados casos son una prueba del poder real sobre la dirigencia política alejada de los sectores reaccionarios.

Para ser ecuánimes, digamos que ni los gobiernos constitucionales asumidos desde el 25 de mayo de 1973 y el del 10 de diciembre de 1983 abordaron los hechos sucedidos en Trelew a pesar de ser evidentemente casos de lesa humanidad. Pero sí debe resaltarse que, hace muy poco tiempo, se les ha dado judicialmente el carácter de delitos de lesa humanidad a los fusilamientos de junio de 1956 estando ahora en proceso judicial.

El motivo de estas líneas es recodar hechos salvajes ocurridos en nuestra historia, poner de relieve aquellos que han cumplido con su deber persiguiendo y sancionando a los responsables de la violación de derechos humanos y resaltar la tolerancia y actitud dolosa de quienes posibilitaron la Masacre de Trelew a partir del rompimiento de lo acordado con el juez federal interviniente. Y, de paso, compararlos con hechos realmente írritos del presente.

Obviamente vale el recuerdo de esos mártires, de sus familiares y seres queridos.

Sea como sea, la República Argentina ha demostrado en forma señera al respeto de los derechos humanos al juzgar este y otros hechos por delito de lesa humanidad.

En estos momentos, no obstante, pareciera que nos alejamos de los derecho de la humanidad. Tal vez sea una buena oportunidad de repasar lo ocurrido y evitar el notable deterioro de nuestro sistema republicano, motivado por una dispar administración de Justicia.