Axel Kicillof le dio un negocio fenomenal a una empresa vinculada a la corrupción K

A mitad del agosto, el ministerio de Comunicación Pública bonaerense, que responde a Jésica Rey, puso en etapa de apertura una licitación que tiene como único beneficiario a la firma La Corte SA, la cual está vinculada al Grupo Indalo. Desde la cartera de Rey solicitaron la urgente "prestación del servicio integral y distribución satelital de contenidos audiovisuales con unidades móviles de producción y set de conferencia punto a punto y la provisión de un estudio de producción, grabación y emisión en vivo de contenidos audiovisuales".

Con tecnología de última generación, que incluye drones, filmaker, editores, iluminación y producción, la subsecretaría de Producción y Contenidos y a la subsecretaría de Planificación de Comunicación Gubernamental del ministerio de Comunicación Pública, dio el visto bueno para que se gasten unos 1.491.752.880 del erario público.

Si bien, por el momento, la presente no evidencia irregularidad alguna (tales como sobreprecios), dado que los servicios ligados al sector audiovisual tienden a ser muy costosos, sí llama la atención que la empresa beneficiada tenga vínculo directo con Fabián De Sousa y Cristóbal López, ambos líderes del Grupo Indalo e investigados en diversas causas por presunta corrupción en conjunto con la expresidente Cristina Fernández de Kirchner. 

El prontuario

En la causa Oil Combustibles, parte del grupo de esta fue investigada por una deuda impositiva de más de 8.000 millones de pesos por no abonar el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC). Aunque las acusaciones se vieron acrecentadas durante la era Mauricio Macri, las irregularidades habrían transcurrido durante la gestión kirchnerista.

Allí, se acusó a López y De Sousa de utilizar estos fondos defraudados al estado para financiar la expansión del grupo, con la complicidad de la AFIP cuya administración estaba a cargo de Ricardo López. Irónicamente, este último sí fue condenado por defraudación al estado en 2021, mientras que los otros dos fueron absueltos. 

Fabián De Sousa y Cristóbal López.

También en la causa Los Sauces, una auditoría realizada en 2017, detectó irregularidades en las operaciones inmobiliarias del gigante de CFK, donde se sospechaba que empresas del Grupo Indalo, como Álcalis de la Patagonia, alquilaban propiedades a Los Sauces como un mecanismo de retornos por favores políticos. Por traspiés que se desconocen, no se avanzó con el juicio oral y no se determinó qué ocurrió en tal hotel investigado.

En la reconocida causa de los cuadernos de las coimas, Oscar Centeno, López y De Sousa fueron acusados de integrar una asociación ilícita para recaudar coimas relacionadas con contratos espurios de obra pública; obras que, en muchos casos, jamás se realizaban. El juez Claudio Bonadío sería quien procesaría a estos, junto a Cristina Fernández de Kirchner, por asociación ilícita, mientras que Julián Ercolini sería el que ordenaría la detención de De Sousa y López en diciembre del 2017.

Dos años después, los jueces de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi concedieron la excarcelación de López y De Sousa, con una caución de 60 millones de pesos cada uno fijada por Bonadío. Permitiéndoles recuperar la libertad casi de manera inmediata, apenas unos días después.

Con este historial, la decisión de Axel Kicillof, o en su defecto, de sus ministros, de continuar beneficiando a esta empresa con contratos millonarios es, mínimamente, cuestionable. (www.REALPOLITIK.com.ar)