"El sistema acusatorio permite un gran control discrecional de los jueces en causas de corrupción"

"Recientemente, el procurador interino junto con un grupo de fiscales federales emitieron un acuerdo de diez puntos rechazando la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal, alegando falta de recursos, infraestructura o tiempo. Pero estas excusas ya no se sostienen: hay provincias donde el sistema funciona y demuestra que se puede implementar más allá de ajustes necesarios", explicó Victoria Llorente.

La especialista destacó que la verdadera resistencia, según su análisis, "no es por falta de recursos, sino por la pérdida de poder que implicaría el nuevo sistema para manejar causas de corrupción y criminalidad económica. Lo que se defiende no es la justicia, sino intereses sectoriales, mientras la sociedad sigue siendo víctima".

Sobre las ventajas concretas del sistema acusatorio, Llorente precisó: "Al delegar la investigación en el fiscal, se evita la discrecionalidad de los jueces y se puede investigar de manera más eficaz y proactiva. Permite investigaciones genéricas sobre flujos de dinero y mercados criminales, y brinda herramientas para gestionar estratégicamente cada causa, priorizando las de mayor complejidad como trata, narcotráfico o criminalidad económica".

La experta también recordó casos emblemáticos de ineficacia en la Justicia federal: "Hay al menos diez causas de alto impacto social que siguen empantanadas bajo el viejo sistema. Incluso, cuando se postuló al juez Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación se señalaba que tenía un récord de causas inconclusas, lo que refleja el funcionamiento deficiente del sistema actual".

Consultada sobre la legalidad de la implementación del sistema acusatorio y la resistencia local, Llorente señaló: "El sistema ya funciona en 13 provincias y no hubo mayores problemas en superar obstáculos edilicios o presupuestarios. La paradoja en Argentina es que quienes se beneficiarían de un mayor poder para investigar —los fiscales— parecen ser los más resistentes a adoptarlo".

Finalmente, Victoria Llorente concluyó: "La Justicia federal es hoy ineficaz frente a la criminalidad organizada. La sociedad exige un cambio que permita investigaciones más rápidas y eficaces. La implementación del sistema acusatorio es un hecho inevitable; solo queda seguir trabajando para que se supere la resistencia y se mejore la calidad de la justicia federal". (www.REALPOLITIK.com.ar)