Festival de coimas en el Consejo de la Magistratura: El triángulo de hierro de los sobreprecios

Tras el escándalo por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) —revelado en audios que comprometen a Karina Milei y Lule Menem por presuntos retornos de laboratorios—, un nuevo capítulo de corrupción golpea al Consejo de la Magistratura.

De acuerdo a una investigación judicial que se instruye en el Palacio de Tribunales de Talcahuano 550, la trama gira en torno al área de Sistemas y Tecnología del organismo. La denuncia expone que la adjudicación de contratos de consultorías y suministros informáticos fue direccionada hacia una firma vinculada directamente a los funcionarios a cargo.

Los señalados son Gustavo Araya Ramírez (director general de Informática y Tecnología), José Luis Branca (director de Informática) y María Sol Galay (jefa del Departamento de Aplicaciones de la DGIyT). Según la presentación, los tres aparecen como verdaderos dueños de OPEN Computación S.A., empresa que figura bajo la presidencia formal de Paula Mohina y con Bernardo Diego González como director suplente, ambos sindicados como simples “presta nombres” de los funcionarios.

La firma, con domicilio en Catamarca 1985 (CABA), concentra alrededor del 90% de las licitaciones del Consejo de la Magistratura en materia de software, hardware y otros insumos. Incluso, se la vincula con contrataciones en el Poder Judicial de la Nación y distintos organismos estatales.

El documento judicial también subraya que los tres acusados accedieron a sus cargos “a dedo”, sin atravesar concursos ni cumplir con los requisitos profesionales exigidos.

Fuentes de la investigación confirmaron que se preparan allanamientos simultáneos en la sede central del Consejo de la Magistratura (Julio A. Roca 516, CABA), en oficinas anexas y en doce domicilios particulares pertenecientes a los funcionarios implicados y sus familiares. (www.REALPOLITIK.com.ar)