La caja negra de la comunicación bonaerense, sin control y con aprobación oficial

El Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires aprobó la rendición de cuentas del ministerio de Comunicación Pública correspondiente al ejercicio 2023. Sin embargo, detrás de la aparente formalidad administrativa, los propios considerandos del fallo revelan profundas inconsistencias en la gestión financiera y de control del organismo que encabezó Jésica Rey.

Un ministerio que gasta sin plan

En el considerando primero, la relatoría manifiesta su preocupación por la ausencia de una planificación anual de programas y campañas de comunicación pública. Este déficit, lejos de ser un detalle técnico, impacta en la posibilidad de evaluar si los millonarios recursos invertidos en pauta oficial y publicidad estatal están alineados con los objetivos estratégicos del gobierno y dirigidos efectivamente al público que se pretende alcanzar, o si, por el contrario, son utilizados para acallar voces y/o pagar favores a medios amigos.

La falta de planificación llevó a que el gasto se analizara únicamente a través de procedimientos administrativos de contratación y pago, es decir, verificando papeles pero sin evaluar la pertinencia, eficacia ni criterios de selección de proveedores. En otras palabras: se revisa la forma, pero no el fondo.

Un sistema que no refleja la realidad

Todavía más preocupante resulta lo expresado en el considerando cuarto, donde se advierte que el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), utilizado para registrar la ejecución presupuestaria provincial, no emite estados patrimoniales ni de resultados a nivel ministerial. Dicho de otro modo: la información que debería permitir evaluar la situación financiera real del ministerio no existe de manera desagregada.

El informe señala además que los registros solo reflejan los pagos realizados por la Tesorería Sectorial, dejando afuera los ejecutados por la Tesorería General con cargo al presupuesto de la jurisdicción. Esto implica que los reportes oficiales no reflejan el verdadero movimiento de fondos, obligando a la relatoría a “reelaborar” datos en base a listados parciales. Se sospecha que, detrás de esta maniobra, se esconde información valiosa para el análisis que debiera llevar a cabo el Tribunal de Cuentas.

A ello se suma que el sistema SIGAF-PBA no fue auditado bajo los estándares de una auditoría de sistemas, lo que impide garantizar la trazabilidad de las operaciones. Pese a este vacío de control, el Tribunal asumió que los procesos “son aceptables”, una definición más política que técnica. De este modo, busca evitar una confrontación con la gestión de Axel Kicillof.

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Jésica Rey.

Una aprobación con sabor a impunidad

Si bien la resolución termina aprobando las cuentas del ministerio, lo hace dejando constancia expresa de estas falencias. El contraste es evidente: mientras que se validan como “razonables” los estados contables, en paralelo se admite que no existe planificación de la política comunicacional, que los gastos se dispararon sin control y que el sistema informático utilizado para registrar operaciones no refleja la realidad financiera de la jurisdicción.

El resultado es un escenario paradójico: se aprueba una gestión que, en la práctica, no puede ser evaluada integralmente. La rendición de cuentas del ministerio que conduce Jésica Rey, más que un ejercicio de transparencia, termina siendo un caso testigo de cómo la burocracia provincial naturaliza la opacidad en el manejo de fondos públicos. (www.REALPOLITIK.com.ar)