7 mil ex presos políticos y víctimas de desaparecidos pensionados reclaman por remuneraciones congeladas

En un contexto económico que, aunque el gobierno de Javier Milei asegure está estabilizado, el poder adquisitivo sigue empeorando, un grupo de beneficiarios de la ley 26.913 denuncia una situación crítica: desde enero sus pensiones graciables están congeladas.

Esta normativa, sancionada en 2013, establece un beneficio para quienes fueron privados de su libertad por causas políticas, gremiales o estudiantiles hasta el 10 de diciembre de 1983, durante la última dictadura cívico-militar. También alcanza a cónyuges, convivientes e hijos menores o con discapacidad de los beneficiarios fallecidos.

Sin embargo, el destrato de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la falta de respuestas del gobierno libertario, generaron un creciente malestar entre los aproximadamente 7 mil beneficiarios vivos.

Esta pensión, que actualmente ronda los 500 mil pesos mensuales, no fue ajustada en los últimos nueve meses, tiempo en el que, a la luz de los aumentos no siempre reflejados por el INDEC, perdió notoriamente su valor. Para las personas que dependen de este ingreso para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda (propia o alquiler) y atención médica, la falta de actualización se traduce en una lucha diaria por la subsistencia.

Si bien este beneficio, gestionado por la secretaría de Derechos Humanos del ministerio de Justicia de la Nación, es independiente de otras reparaciones por daños morales, físicos o psicológicos, los beneficiarios denuncian trabas burocráticas y falta de claridad en su implementación.

Bajo ese pie, Sergio Starik, uno de los afectados, señaló a REALPOLITIK: "Algunos compañeros que se han logrado jubilar previamente a la salida de la ley reciben también la jubilación y la pensión. A los que no nos jubilamos, o quisimos jubilarnos después de la salida de esa ley, nos niegan la jubilación porque aducen que no podemos tener dos pensiones". Este conflicto, según los afectados, refleja un malentendido sobre la naturaleza de la pensión graciable, que debería ser compatible con otros ingresos. La situación se agrava con la falta de respuestas institucionales, donde los beneficiarios aseguran intentaron llegar, ya sea con mails o en persona.

"No nos contestan, otros nos dicen que tenemos que ir a ANSES, pero en ANSES no se dan por enterados, y nos tienen congelados desde enero", añadió. En la emergencia de poder cubrir con sus responsabilidades y gastos, algunos recurrieron al defensor del Pueblo de la Nación Argentina, pero los trámites se diluyen en un laberinto burocrático.

Otros intentaron visibilizar su lucha en redes sociales, como en un grupo cerrado de Facebook creado por los afectados, o a través de asociaciones de ex detenidos y desaparecidos con personería jurídica, pero las respuestas y, más importante aún, las soluciones, brillan por su ausencia.

"No es solo los jubilados, no es solo los discapacitados, no es solo la universidad, no es solo el hospital Garrahan. Vienen a destruir la nación, eso es lo que quieren, y a eliminar la mayor cantidad de gente posible", concluyó Starik. (www.REALPOLITIK.com.ar)

Afectados por la ley 26.913

Los beneficiarios de la ley 26.913 denuncian que sus pensiones graciables están congeladas desde enero, lo que en el actual contexto inflacionario agrava su situación económica y los deja atrapados en un laberinto burocrático sin respuestas del gobierno ni de la ANSES.