Chacabuco: A pesar de la apelación, Víctor Aiola deberá pagar una multa por irregularidades de gestión

El Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires ratificó un fallo que compromete directamente al exintendente de la municipalidad de Chacabuco, Víctor Aiola, por severas irregularidades en la administración de los fondos municipales durante el ejercicio 2018. La resolución, emitida tras el recurso de revisión presentado por Aiola y otros funcionarios, confirma multas, cargos y responsabilidades que evidencian fallas graves en el manejo administrativo y financiero de la comuna.

En primer lugar, el Tribunal confirmó la aplicación de una multa de 41 mil a Aiola y de 21 mil a la contadora municipal Estela Adriana Ferrari, además de una amonestación a la tesorera Alejandra Haide Porterie. Según la resolución, las sanciones se sustentan en incumplimientos normativos vinculados al uso del sistema RAFAM, omisiones documentales y fallas en la registración de cuentas

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Cargos económicos por falta de documentación

El fallo también mantiene firme un cargo de 23.342,69 contra Aiola, en este caso de manera solidaria con el asesor letrado Gonzalo Villagrán. La sanción se originó en la ausencia de documentación respaldatoria en gastos vinculados a informes de dominio de vehículos destinados a compactación, lo que impidió comprobar la legalidad de la erogación.

A esto se suman otros cargos de mayor envergadura: en particular, por contrataciones realizadas sin el debido respaldo contractual ni informes técnicos, situación que el Tribunal entendió como un incumplimiento flagrante de la normativa de administración municipal.

Irregularidades administrativas

Entre las irregularidades detectadas destacan:

- Deficiencias en el sistema RAFAM, que impidieron garantizar transparencia y trazabilidad en las operaciones contables.

- Falta de respaldo documental en contrataciones de servicios y en pagos por obras públicas.

- Errores en conciliaciones bancarias, que generaron la presunción de fondos faltantes en cuentas municipales.

Aunque algunos cargos millonarios inicialmente aplicados -como los más de 10 millones en el caso de la empresa Kavos SA- fueron levantados en esta instancia de revisión tras la presentación de documentación adicional, otros se mantuvieron en firme, reflejando la persistencia de irregularidades de fondo en la gestión.

Un golpe político y administrativo

La resolución no solo implica un costo económico para el ex intendente y su equipo, sino que también deja en evidencia la falta de control interno y la improvisación en el manejo de los recursos públicos durante su administración.

El fallo del Tribunal de Cuentas, rubricado en agosto de 2025, ordena a los responsables depositar los importes correspondientes en el Banco de la Provincia de Buenos Aires y notificar al organismo dentro de los plazos legales, bajo apercibimiento de intervención del fiscal de Estado. (www.REALPOLITIK.com.ar)